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La “memoria económica”: los manejos del Proceso militar y la Convertibilidad

El otro análisis de la etapa más oscura de la historia reciente
viernes, 25 de marzo de 2011 00:00
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“La memoria en asuntos financieros debería considerarse que dura, como máximo, veinte años. Éste es el tiempo que suele precisarse para que los frutos de un desastre queden borrados y para que alguna variante de la demencia anterior rebrote a fin de cautivar la mente de los financieros” (John Kenneth Galbraith. Breve historia de la euforia financiera)

Los plazos de la memoria colectiva que señala Galbraith resultaron excesivos para Argentina, que en materia económica suele caracterizarse como un país desmemoriado. Entre la Tablita de Martínez de Hoz y la Convertibilidad de Cavallo transcurrieron apenas diez años y los efectos devastadores de la política económica de la dictadura no bastaron para evitar repetir la experiencia. Resulta entonces necesario recordar una vez más, sobre todo a las jóvenes generaciones, el origen de nuestros males económicos.
Como bien señala Svampa, durante décadas en la Argentina imperó un modelo de integración de tipo nacional-popular. Este modelo se caracterizaba por tres rasgos mayores. En primer lugar, en el plano económico, presentaba una concepción del desarrollo vinculada a la etapa de sustitución de importaciones y la estrategia mercado-internista. En segundo lugar, implicaba el reconocimiento del rol del Estado como agente y productor de la cohesión social, principalmente por medio del gasto social. Por último, una tendencia a la homogeneidad social, visible en la incorporación de una parte importante de la clase trabajadora, así como la expansión de las clases medias asalariadas.
El desmantelamiento de este modelo societal y su reemplazo por un nuevo régimen, centrado en la primacía del mercado, conoció diferentes momentos.
El primer intento fue el Plan del Ing. Celestino Rodrigo (El Rodrigazo) que sobre el final del Gobierno de Isabel Perón procuró tomar algunas medidas de neto corte antipopular: devaluó en un 160 %, intentó reducir el déficit fiscal con un ajuste tarifario que en el caso de las naftas alcanzó el 181 % y aumentó el precio del transporte en un 75 %, intentando poner fin a la política económica nacionalista y reformista para dar paso a una política de estabilización y ajuste, asentada en una alianza con los grupos económicos.
La segunda tentativa arrancaría de manera decidida con el Golpe de Estado del 24 de marzo del ’76.
El tercer momento de la secuencia, donde se produciría la gran mutación, tuvo lugar en la década de los noventa.

El Plan de la Dictadura

José Alfredo Martínez de Hoz (h), descendiente de una familia de ricos estancieros, propietarios de centenas de miles de hectáreas de tierra, fundadores e históricos presidentes de la Sociedad Rural Argentina, fue el hombre elegido para consumar el plan económico que cambiaría para siempre las estructuras económicas de este país.
La enorme convulsión política de principio de los setenta sumado al agravamiento de las condiciones económicas generadas por el plan Rodrigo allanaron el camino para implantar el “Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía Argentina” con el cual se controlaría “la inflación originada en la puja distributiva y el déficit fiscal”.
Siguiendo a Rapoport lo he explicado en anteriores artículos: como primera medida, Martínez de Hoz congeló los salarios por tres meses, y se eliminaron los controles de precios. Asimismo, se desreguló la inversión extranjera otorgando igualdad de derechos al capital transnacional respecto del nacional, incluyendo a las matrices de las empresas instaladas en la Argentina. A fines de 1976 se unificó el tipo de cambio, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones y se redujeron los aranceles de importación, provocando una caída en la protección superior a 40 puntos en promedio.
Una cuestión central del plan económico de Martínez de Hoz fue la Reforma Financiera de 1977, en la que se vuelve al sistema de efectivos mínimos, reemplazándose el sistema de nacionalización de los depósitos, pero con una serie de disposiciones que dieron origen a serios desequilibrios financieros. Se alentaron las operaciones especulativas al aumentar las tasas de interés pasivas bajo el pretexto de combatir la inflación. Una consecuencia de esta reforma fue el cambio de rentabilidad entre los sectores de la economía, afectándose notablemente al sector productivo. Es insoslayable la creación de la Cuenta de Regulación Monetaria cuyo Saldo Deudor (diferencia entre la remuneración que pagaba el Estado por los encajes obligatorios y el bajísimo impuesto que cobraba por la parte prestable) implicó una fuerte emisión monetaria que significó, según los cálculos más conservadores, el 3.5 % del PBI, actuando como un verdadero subsidio al sector financiero. Aunque los fondos para remunerar los encajes no salían del Tesoro, de hecho se afectaban las cuentas públicas porque lo pagaba el Banco Central, generando el denominado déficit cuasi-fiscal. La eficiencia del sector privado como asignador de recursos no se verificaba en la realidad.
En materia fiscal, y en coherencia con las recomendaciones de la escuela monetarista de Chicago, se sostuvo desde un principio que el principal problema de la economía lo constituía el déficit fiscal. El objetivo primordial era la disminución de la participación del Estado en la economía. La fórmula era aparentemente simple: se reducirían los gastos mediante una reforma administrativa y se incrementarían los recursos vía aumento de tarifas y mayor presión tributaria. Los resultados no fueron los esperados: el gasto público aumentó notablemente pero cambió su composición: se redujeron las partidas para salud y educación y fue muy fuerte el recorte en personal, incrementándose el gasto en armamentos.
El Plan de Martínez de Hoz produjo una notable redistribución del ingreso desde el sector asalariado hacia los sectores empresarios y financieros. La participación de los salarios en el ingreso nacional que era del 45 % en 1974 pasó al 26 % en 1983. Pero, además, dentro del sector empresario, los beneficiarios fueron los grupos económicos y las empresas transnacionales.
En lo que hace al endeudamiento externo, no debemos desconocer la abundancia de recursos financieros de los países industrializados. La gran liquidez de los mercados financieros pronto encontró tomadores de crédito en los países subdesarrollados, especialmente América Latina. En ese contexto, la política económica de Martínez de Hoz no pudo ser más apropiada. Con la profunda reforma financiera de 1977 se permitía una libre circulación de capitales, todo ello en un marco de total apertura comercial. Las altas tasas de interés estimularon el ingreso de capitales especulativos.
Ahora bien, el endeudamiento argentino fue muy diferente al de otros países latinoamericanos. Mientras en Brasil, por ejemplo, se usó el crédito para completar su proceso de industrialización, en nuestro país el financiamiento externo se destinó a la compra de armamentos y al aumento de bienes de consumo que tuvo como contrapartida la desaparición de la industria local, se solventó la especulación y la fuga de capitales mediante prácticas especulativas que aprovechaban el diferencial de tasas de interés, interna y externa. Las salidas de divisas representaban más del 60% del incremento de la nueva deuda. La relación Deuda Externa/PBI en 1976 era 18.7 % y en 1983 59.9 %, o en otros términos, la Deuda Externa en 1976 ascendía a U$S 9.738 millones y en 1983 a U$S 48.087.
Es importante el balance que hace Aldo Ferrer de la experiencia Martínez de Hoz: la política económica aplicada por el régimen militar ha logrado que la economía argentina atraviese la crisis más severa de que se tenga memoria. La integración del sistema productivo está gravemente comprometida. Las economías regionales están desmantelándose rápidamente. Todos los niveles de producción manufacturera se desmoronan bajo el impacto de la contracción del mercado interno, el subsidio de las importaciones sustitutivas de la producción local y una carga financiera agobiante. El nivel de vida de la población se ha deteriorado y el salario real ha disminuido a niveles inferiores a los de una década atrás. El sistema financiero está al borde del colapso. La inflación sigue siendo tres veces más alta que la vigente en los treinta años previos a 1976 y la fenomenal distorsión de los precios relativos encubre una inflación reprimida que estallará. La deuda externa ha alcanzado dimensiones incomprensibles. El país ha retrocedido por lo menos una década.

El Plan de Convertibilidad

La política económica implementada en la década de los 90 tuvo una asombrosa semejanza con la de la dictadura, o en todos casos, fue una consolidación de ésta, en la que el mercado externo actuó como agente disciplinador de los precios internos y un instrumento para reorganizar la productividad y la asignación de capitales, mediante la rebaja de aranceles, el retraso cambiario y la eliminación de trabas a la importación.
Desde 1976, el orden económico en Argentina fue edificado sobre un andamiaje ideológico que penetró sutilmente en la sociedad y cuyas consecuencias recién se advirtieron cuando colapsó el sistema en Diciembre de 2001. Entonces nos dimos cuenta de manera inequívoca cuánto se había transformado el país, cuyo grado de profundidad quedó disimulado por la etapa de la ilusión democrática.
La Convertibilidad fue una versión extremadamente fuerte y rígida del neoliberalismo, cuyos elementos constitutivos se pueden reducir a dos principios: (1) Libre juego de mercado y competencia y (2) Los bienes públicos no ofrecidos por el mercado deben ser provistos por el Estado. (Defensa, Seguridad Social, Educación).
La apuesta de la Convertibilidad significaba e implicaba un cambio brutal de todas las formas institucionales que sostienen la acumulación cuyo resultado fue la emergencia de un modo de acumulación nuevo impulsado y dominado por las finanzas, lo que se traducirá finalmente en una explosión.
La rigidez del nuevo plan implicó realizar cambios estructurales de lamentables consecuencias: La independencia del Banco Central y las privatizaciones de los bancos provinciales; la libre entrada/salida de de capitales y la libre instalación de bancos extranjeros en el territorio nacional.
El 1º de abril de 1991 se dispuso por ley la libre convertibilidad de la moneda nacional con respecto a cualquier moneda extranjera. Se prohibió la emisión de moneda no respaldada por el 100% de reservas de libre disponibilidad (oro, divisas, títulos en moneda extranjera). El Banco Central fue autorizado a cambiar el signo monetario. Se estableció el peso como moneda de curso legal y se estableció la paridad cambiaria en $ 1 por dólar. En realidad, era un sistema muy atípico porque sólo lo aplicaban muy pocos países o paraísos fiscales. Bajo esas condiciones, el peso quedó transformado de hecho en un vale por un dólar, actuando solamente como unidad de cuenta. Digamos que el peso dejó de cumplir las funciones del dinero (Depósito de Valor, Medio de Cambio) las que fueron satisfechas por el dólar, lo cual implicó una renuncia a los principales instrumentos de la política monetaria.
Con claridad intelectual, Basualdo destaca que uno de los cambios estructurales más relevantes y regresivos del siglo XX fue la transferencia de las empresas estatales a los sectores dominantes. Para ver la magnitud y la importancia económica de las privatizaciones baste recordar que entre 1950 y 1974 la participación promedio de las empresas públicas ascendía a 7,8 del PBI, de los cuales el 75% (el 6% del PBI) era generado por empresas de servicios públicos. Más importante era aún la participación en el valor agregado industrial, ya que éste representaba entre el 17% y el 20% del PBI.
Los recursos que recibió el Estado por la transferencia de sus empresas a los sectores dominantes entre 1991/2001 ascendieron a 36.000 millones de dólares, considerando el valor nominal de los bonos de la deuda externa que se entregaron en forma de pago y a 28.000 millones de dólares, si dichos bonos se valúan a precio de mercado vigente al momento de la transferencia del patrimonio estatal.
Si bien en términos absolutos los ingresos percibidos por el Estado son considerables, los mismos resultan irrisorios si tenemos en cuenta la trascendencia económica que asumen los activos transferidos y además si consideramos la rápida recuperación de la inversión. Por ejemplo: las dos empresas en las que se dividió ENTEL (Telefónica y Telecom) acumularon ganancias por casi 6.000 millones de dólares entre 1991/1999 triplicando los 1.000 millones de dólares que desembolsaron en 1990 para hacerse cargo de los activos de ENTEL.
Por cierto que todas estas medidas tan regresivas fueron recomendaciones del Banco Mundial que fue responsable directo de diseñar y auditar las reformas estructurales.
Es ineludible citar un documento elaborado por una misión del Banco Mundial donde efectúan recomendaciones para el proceso de privatizaciones. “Para hacer más atractiva la venta de empresas públicas, la reestructuración del programa gubernamental debe incluir: a) La absorción de la mano de obra excedente. b) La absorción de la totalidad de la deuda de las empresas y cualquier otro compromiso. c) La reducción de mano de obra se estima en 95.200 personas. d) Las privatizaciones deben usarse para pagar la deuda pública. e) Los precios y las tarifas deben ser a precios internacionales”.
Un dato muy relevante en el proceso de privatización es el rol fundamental que jugaron los grupos económicos locales. Primero por su capacidad de lobby; segundo porque permitieron la repatriación de los capitales fugados para adquirir los activos de las empresas estatales; tercero, porque junto a los bancos extranjeros lograron reunir los bonos de la deuda. De allí que acceden al capital de los nuevos consorcios. Así es como estos grupos económicos consolidan sus posiciones en la economía real, formando una comunidad de negocios entre los grupos económicos locales, las empresas extranjeras y los bancos transnacionales en la etapa de oro de la Convertibilidad. ¿Qué se transfirió? Casi todo: la mayor empresa del país YPF; la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica; el transporte y la distribución de gas natural; buena parte de la infraestructura vial; el servicio postal; el sistema nacional de aeropuertos; los ferrocarriles de pasajeros y de carga; el servicio de telefonía; el sistema de agua y saneamiento; las empresas siderúrgicas y petroquímicas. Al margen de las economías del ex bloque soviético, no existe experiencia internacional alguna en que se haya privatizado tanto patrimonio y tanto poder económico con tal premura.
Al analizar este período, no puede obviarse la Reforma de la Seguridad Social y de la Administración Pública: en efecto, el sistema de seguridad social fue modificado radicalmente. Se pasó de un sistema público de reparto a un sistema de capitalización bajo el argumento de aliviar las cuentas públicas en el largo plazo porque se acabaría con los déficit de las cajas de jubilaciones y pensiones, a la vez que se generaría un ahorro vía AFJP que se canalizaría hacia el mercado de capitales. Ese traspaso, junto con la rebaja de aportes patronales bajo la falacia de que iba a crear empleo, generó un monumental déficit fiscal. Dentro de la Reforma del Estado se redefinió el aparato administrativo, bajo un severo plan de ajuste: retiros voluntarios, congelamientos de vacantes jubilaciones anticipadas, etc. El objetivo de reducción de personal fue cumplido: en 1995 quedaban 340.000 agentes contra 1.000.000 de 1983 y del total de empleados de empresas y bancos estatales cayó de 359.000 empleados a sólo 57.000.
Un análisis particular merece la brutal reforma del mercado laboral, fuente de los grandes males sociales que emergerían a final de la década.
La evolución de la estructura tributaria fue muy regresiva, disminuyeron los impuestos al patrimonio y se incrementaron los gravámenes al consumo. Se aumentó el IVA, primero al 18% y luego al 21%, generalizando su alcance. La incidencia de este tributo pasó el 1,6 % del PBI en 1989 al 6,3% en 1988.
A partir de 1998 y de la recesión general que se instala, el régimen de convertibilidad entra en agonía. El final es inevitable: caos monetario, financiero y social que hace de la crisis una de las más dramáticas de la segunda mitad del siglo XX.
Concentración económica, destrucción del Estado, sobredimensionamiento financiero, desindustrialización, empobrecimiento social y endeudamiento externo. A la luz de los resultados económicos de ambos planes, se evidencia lo que alguna vez confesara Martínez de Hoz: “La convertibilidad es la etapa superior de mi plan y Cavallo mi mejor discípulo”.
Los temas económicos no son fáciles de transmitir pero bien vale el esfuerzo por comprender. Como dijera una destacada intelectual: es más importante entender que recordar, aunque para entender sea preciso, también, recordar.

Cr. Alfredo Lazarte
DNI 20.159.182

Fuentes:
La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Maristella Svampa.
La Modernización Excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en Argentina. Alberto Barbeito-Rubén Lo Vuolo
La Política Económica de la Dictadura, artículo publicado por el autor en Diario El Ancasti, Marzo 2005.
Economía y Dictadura, artículo publicado por el autor en Diario El Ancasti, Marzo 2006.
Contra la ocupación extranjera. Rogelio García Lupo.
Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2000). Mario Rapoport
El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo; Khavisse, Miguel.
La Perversa Deuda Externa. Alfredo Calcagno,
Nacionalismo y Orden Constitucional. Aldo Ferrer.

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