Las cincuenta familias que hace diecisiete días usurparon las viviendas del barrio ubicado sobre avenida Choya frente al barrio Los Periodistas recibieron la notificación de desalojo en un período de veinticuatro horas, por la tarde se manifestaron frente a Casa de Gobierno solicitando dialogar con las autoridades.
Al tomar conocimiento de la medida que impartió la Justicia sobre la orden de desalojar las viviendas en un plazo no mayor a veinticuatro horas, las mujeres quienes ya se encuentran instaladas en las casas decidieron llevar su reclamo al centro de la ciudad.
Hasta ayer, no habían recibido anuncio alguno por parte de ninguna autoridad, por lo que realizaron las conexiones de luz y agua en los domicilios y llevaron pertenencias y mobiliarios a las viviendas tomadas.
En diálogo con El Esquiú.com las mujeres, quienes se encuentran al frente del reclamo, manifestaron que “no nos vamos a ir de ahí, durante más de seis años que esas viviendas están desocupadas, y ahora que nosotros nos fuimos a vivir ahí quieren terminar las obras. Estamos firmes y unidos, ya hace varias semanas que estamos en las casas, ya hemos llevado todo para ahí”, expresó una de las reclamantes.
Al igual que en situaciones anteriores, las mujeres aseguraron que tomarían medidas drásticas si las fuerzas de seguridad proceden al desalojo de las viviendas donde se encuentran habitando, en relación a ello dijeron que “estamos dispuestas a todo, porque si tenemos que prendernos fuego para que a nuestros hijos les quede una casa donde vivir, lo vamos a hacer”, afirmaron.
En el mismo sentido, explicaron que el reclamo no radica solamente “en pedir, sino lo que queremos es que nos den el permiso para estar en el lugar y finalizar con los trabajos que le faltan; estamos dispuestos a pagar una cuota para que las casas sean nuestras, y poner las ventanas y puertas, y lo que falta en los baños”.
Mientras se encontraban realizando la manifestación, las mujeres también comentaron en diálogo con El Esquiú.com que, “por las dudas algunos nos vinimos acá y los demás quedaron en el barrio, porque tenemos miedo que aprovechen que no estamos y nos saquen las cosas que llevamos afuera. Nadie nos atiende, cuando lo único que queremos es que nos escuchen y lleguemos a una solución que nos beneficie a todos. Antes en esas casas se drogaban y se metían los ladrones, en cambio ahora vivimos familias; los vecinos están contentos con que estemos ahí”, explicó una de las mujeres.
Las viviendas que se encuentran ocupando las familias pertenecen al Estado Provincial, la empresa que ejecutaba la obra no finalizó los trabajos por la falta de fondos que debía otorgar el gobierno para la conclusión de las mismas.
Según informara el secretario de la Vivienda y Desarrollo urbano, Octavio Gutiérrez, la empresa responsable de la obra realizó hace dos semanas atrás la presentación correspondiente para que la Justicia ordene el desalojo, lo que recién ayer se concretó.