Durante la mañana de ayer, nuevamente un grupo de empleados estatales de distintas dependencias se manifestó airadamente por los descuentos que sufrieron en sus cajas de ahorro por parte de entidades financieras donde tomaron préstamos. Desde el Gobierno se aclaró son ajenos al problema, aunque mediaron con las autoridades del Banco Nación para tratar de encontrar una salida a quienes se dieron con la triste sorpresa de que al momento de acceder a sus sueldos les habían descontado hasta un 90 por ciento de sus haberes y sólo cobraron unos pocos pesos.
Esos fueron los casos más comunes, y según se explicó desde fuentes del Ministerio de Hacienda, el Gobierno es totalmente ajeno a esta situación, puesto que desde que se eliminaron los códigos de descuento mediante los cuales las entidades financieras se aseguraban que el Estado retenía al momento del pago de haberes las cuotas a los agentes públicos, simplemente se limitan a depositar los haberes en cada una de las cajas de ahorro. Lo que sucede a partir de allí, ya tiene que ver con el manejo de cada una de las personas.
Las financieras, muchas de las cuales aún funcionan bajo distintas denominaciones para ocultar o disimular su actividad usuraria, exigen a los empleados públicos que les autoricen a retener las cuotas desde sus cajas de ahorro. Ahora bien, los trabajadores, por su parte, pueden solicitar al Banco que no se les realicen los descuentos presentando una nota -que se conoce como “stop debit”- antes de que se acrediten los haberes. Lo que ocurrió entre el miércoles y el jueves, fue que muchos habían logrado frenar el pago de cuotas de esta forma; pero las financieras lograron ingresar los datos de las acreencias y el banco retuvo todas las cuotas atrasadas en un solo pago.

Diálogo

Los manifestantes volvieron a cortar ayer la esquina de Sarmiento y República exigiendo una solución para quienes se vieron con los sueldos cercenados prácticamente a cero. Ante ello, el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Lavatelli, y el director de Comercio de la Provincia, Matías Olmos, intercedieron para tratar de apaciguar los ánimos y tratar de buscar una salida con las autoridades del banco. “Hemos gestionado con Economía una reunión, todos los problemas que nos han hecho llegar la gente, los vamos a plantear la Banco y al comité”, señaló Lavatelli. Agregó también que “Hacienda va a tener que tener la reunión con el Banco, revisar las leyes, los reglamentos, lo que se firmó, las soluciones deben beneficiar a los empleados”.
Por su parte, Olmos sugirió que los damnificados “deben realizar una presentación conjunta y de forma automática y nosotros a partir de ese momento, vamos a ordenar al Banco que se suspenda cualquier descuento a los empleados públicos hasta que resuelva la cuestión de fondo”.
También hubo quienes expresaron otros problemas como cobros de intereses excesivos, y hasta quienes pagaron más de seis veces el monto que tomaron en calidad de préstamo. Sobre esos aspectos se dio intervención al Comité de Usura que analiza los casos y los pasos a seguir.

Problema viejo

Por su parte, Esteban Oviedo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en diálogo con El Esquiú.com detalló que el problema no es nuevo y que ya desde “el 6 de julio se hizo una presentación formal a la gobernadora Lucía Corpacci, donde se pide que se advierta sobre los usureros, las casas de préstamos, ya que éstas avanzan sobre el salario familiar de los trabajadores”. “Desde el año pasado que está al tanto y no están haciendo nada, y ellos siguen cobrando, el sistema permite que cobren lo que quieran. Nosotros estuvimos hablando con Lavatelli, gente del banco y gente de finanzas, no nos dieron ninguna solución. El banco sabe que estamos en esta situación hace tiempo y no le importa a nadie”, expresó.