Cerca de 360 trabajadores eran sometidos en La Rioja a una situación de trata laboral en una empresa olivícola, donde permanecían en condiciones de hacinamiento y de gran precariedad.

La delegación provincial del Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios (Renatea) comprobó que los trabajadores eran sometidos a condiciones de hacinamiento y de gran precariedad, y no recibían una remuneración mensual sino un pago a destajo, según los kilos de aceitunas recolectados, lo cual viola la ley de empleo agrario, según relató Ana Córdoba, responsable de la delegación riojana de Renatea.

Otras infracciones laborales registradas al visitar la finca son la falta de elementos de seguridad laboral, ya que usaban escaleras de madera de álamo de una sola línea que apoyan en los árboles y carecían de guantes, botas, protección para el sol y ropa adecuada, todos elementos que por ley deben ser provistos por el empleador.

Unos 150 trabajadores se encontraban alojados en un galpón de chapa ubicado en el fondo de la finca, a siete kilómetros del ingreso. El lugar sólo cuenta con ocho letrinas, y los empleados debían cocinarse a la intemperie y con leña que ellos mismos recogían.

Las habitaciones, que albergaban a 30 personas, tenían una sola ventana sin vidrios que impidieran el ingreso del polvillo y del agua de lluvia.

El resto de los trabajadores se encontraban diseminados en casas, muchas de ellas ex prostíbulos, sobre la ruta provincial 5 o en calles cercanas, en la ciudad de La Rioja, también en condiciones sumamente precarias, y eran transportados diariamente por la empresa de la ciudad al campo. En una de esas viviendas había funcionado un prostíbulo regenteado por Liliana Irma Medina, una de las acusadas (recientemente fallecida) en la causa Marita Verón.

Entre los alojados hay dos parejas con niños de ocho y 14 meses, respectivamente.

Los operativos se iniciaron con denuncias por problemas de salud de un trabajador, al que se agregaron casos de despidos en los que no se abonaron las jornadas trabajadas y se expulsó a las personas de las viviendas, por lo que había abandono de trabajador, carencia de alojamiento y falta de recursos para alimentarse y también para regresar a su lugar de origen.

La finca, de 1.600 hectáreas, se encuentra sobre la ruta provincial 25, a sólo 18 kilómetros de la capital de la provincia, y fue inspeccionada a partir de una denuncia presentada por un sindicato local de trabajadores agrarios, por el caso de un joven cosechero de 22 años que padecía una pancreatitis.

Quienes vivían en la finca debían caminar siete kilómetros para salir a la ruta, y luego tomar un transporte a la ciudad por el que debían pagar aproximadamente 100 pesos.

Para comprar alimentos y elementos de primera necesidad podían abastecerse de los propios cuadrilleros que los contrataban y que les vendían dentro de la finca a precios muy por encima del valor de mercado, o bien tomar un colectivo los domingos a las 8, en el que iban a la ciudad y que a las 11 los llevaba de regreso.

El domingo era el único día que disponían para esto, ya que trabajaban de lunes a sábado, en jornadas de unas 13 horas que comenzaban a las seis.

En la primera inspección, el joven con pancreatitis relató que lo alojaban en una casa donde habría funcionado un prostíbulo, y que con él vivían otros cosecheros que trabajaban en la finca, todos sin libretas de trabajadores agrarios, algunos de ellos con quebraduras por la caída desde olivos en los que cosechaban manualmente las aceitunas destinadas al consumo en mesa.

También había menores de edad y todos vivían en condiciones indignas, con baños sin agua, algunos de ellos químicos, pero que no funcionan.

Tampoco había cocina ni lugar para dormir para todos los alojados. Esta inspección derivó en el registro de otras dos casas "donde tienen gente escondida", según relataron los trabajadores, con resultados similares.

Los jóvenes relataron que esta situación se repite año tras año con personas que provienen de distintas provincias, fundamentalmente de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde son "reclutados" por los "cuadrilleros" de las empresas.

"Venimos y nos tratan mal, y nos estafan todos los años. Y si venimos es porque tenemos necesidad", sostuvo un cosechero, a cuyo lado se encontraba uno de los trabajadores que estuvo internado en un hospital.

"Me han dado el alta y he vuelto tres veces yo solo. Los de la empresa no se han aparecido, nunca han ido al hospital a verme", denunció el hombre.