Investigarán a funcionarios por la inundación de La Plata

Abrieron una causa penal. Buscan saber si faltó prevención y un plan de contingencia.
sábado, 20 de abril de 2013 00:00
sábado, 20 de abril de 2013 00:00

La Fiscalía Especial de Investigaciones Complejas de La Plata abrió una causa para determinar eventuales responsabilidades penales de funcionarios bonaerenses, por el delito de “estrago doloso”, en la inundación del 2 de abril que provocó, al menos, 52 muertos.

El fiscal General, Héctor Vogliolo, dispuso la intervención de los fiscales Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, con el auxilio de 15 instructores judiciales. No utilizarán fuerzas policiales para sus tareas investigativas.

Buscarán evidencias de comportamientos negligentes o directamente lesivos vinculados con la seguridad pública, con el agravante de su comisión desde el Estado, en cualquiera de los tres niveles (Nación, Provincia y municipio).

¿Qué es el estrago? Es un delito que consiste en causar un daño de grandes proporciones y que terminan provocando un peligro común (incendios, inundaciones o explosiones). En este caso, a los habitantes del Gran La Plata.

El gobierno municipal, y en forma subsidiaria el provincial, están bajo observación por la falta de prevención en las alertas del temporal, la falta de plan de contingencia durante la inundación y falencias en los operativos posteriores. Además, la imputación podría llegar también a las tres jurisdicciones porque no se realizaron las obras de saneamiento de las cuencas hídricas de la ciudad, entre ellas las del Arroyo del Gato.

Esta intervención es por cuerda separada de la causa del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, “averiguación de causales de muerte”, centrada en el registro de los fallecimientos provocados por la inundación. El ministerio de Seguridad bonaerense tiene un listado oficial de 52 muertos. Y esa cantidad de víctimas es objetada en el fuero Contencioso Administrativo.

La jueza Ana Logar actúa en un relevamiento realizado, en su momento, por el juez Luis Arias, 48 horas después de la catástrofe. Ese expediente se había iniciado a partir de un recurso de amparo presentado por el Defensor Penal Juvenil, Julián Axat, al enterarse de la muerte de una persona clasificada como NN en la morgue local, y que no estaba en el listado oficial.

Esta semana se abrió otro proceso en el juzgado Contencioso Administrativo N° 3, de Francisco Terrier, por un recurso de “habeas data”, que asiste al ciudadano a conocer datos personales que registran los organismo públicos. Fue porque una joven denunció irregularidades en documentación ingresada en el Registro de las Personas desde la morgue policial.

Además, la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante disponen de dos meses para dictaminar quiénes deberán responder por las inoperancias.

Fuente: Clarin

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