La Municipalidad de la Capital informó que por no recibir la documentación requerida de los planos edilicios, lo cual se solicitó desde diciembre del año pasado a los establecimientos educativos privados, se seguirá el curso a través del proceso ante la Justicia de Faltas, para que decida sanciones a los establecimientos.
En este sentido, indicaron que se busca hacer cumplir con los requisitos de habilitación previstos en el Código de Edificaciones y la ordenanza de Uso Preventivo del Suelo, apuntando a los colegios que no poseen la estructura edilicia correcta, donde los alumnos se encuentran desprotegidos en el caso de una situación de siniestro. Además, se examina la descentralización de la actividad educativa en el casco céntrico.
Rodrigo Molas, director de Planeamiento Urbano, en diálogo con El Esquiú, explicó: “Lo que estamos planteando es serio e igual para todos, y va a pasar directamente al plano de la Justicia municipal. No vamos a estirar un plazo más de negociación”.
De esta manera, sostuvo que la única institución que presentó un descargo para un plazo en la presentación de la documentación es el Colegio Quintana. “Lo único que hemos recibido son notas de descargo pidiendo plazos, a lo cual no hemos hecho caso; esperamos que empiecen a cumplir con lo que se les pide. Ellos alegan que los plazos son cortos y que están sin presupuesto, pero a la documentación se la enviamos en diciembre pasado junto el pedido, y ya pasaron 6 meses y no recibimos ninguna documentación”. Por su parte, los colegios del Carmen y el FASTA estaban tramitando algunas presentaciones. “Ningún otro colegio presentó nada, lo que indica que están en una situación de rebeldía”.
Ante esta situación, Molas indicó que “no se dan cuenta de que vamos en serio, a los plazos los dio la Justicia y seguirá en plano judicial”, y agregó: “Ahora lo que nos apura y apremia más es la regularización de todos los edificios, para eso necesitamos los planos, para poder hacer un diagnóstico y continuar trabajando para una ciudad mejor”.

Irregularidades

El director aseguró que hay una serie de factores que generan una “situación límite”, y lo que se busca es que “los chicos estén protegidos, resguardados y no en una situación de siniestro en el caso de sismo o incendio en los edificios”.
Entre los factores que mencionó, se destaca la superpoblación por establecimiento. También se tiene en cuenta las salidas de emergencias, las rampas, y el sistema contra incendios. “Cuando entrás y te ponés a pensar qué pasaría ante una urgencia, te produce escalofríos. Ojalá nunca suceda, pero no podemos dejarlo ligado a eso, somos el ente regulador, por lo cual decidimos que esta situación no siga así y definirla para que tengamos edificios en condiciones”, enfatizó Molas.

Descentralización

Por otra parte, apuntó a que “se busca la descentralización de este tipo de actividad, ya que la ciudad no funciona en las horas pico. Colapsa en los horarios de ingresos y egresos de los niños en las escuelas. Entonces, lo que pretende este municipio es la descentralización y que se vaya construyendo afuera del casco céntrico”.
Asimismo, Molas aclaró que “no es un capricho, es una ordenanza que fue aprobada en el año 2008, donde indica que la construcción de edificios educativos en el centro no está permitida, y se dio el plazo de 5 años para invertir alejado del centro”. De este modo, citó los casos de los institutos privados, como el Belgrano, el Pía Didoménico y el Enrique Hood, que “hicieron caso omiso”.
“Siguieron construyendo en el lugar. Por ejemplo, el Instituto Belgrano levantó dos pisos más en el lugar y el Senet está instalado en lo que era un corredor de colectivos. Con el FASTA, se pretende mandar la primaria al complejo, es todo un proceso de negociación y cambio para que la ciudad funcione”, subrayó el funcionario.
Cabe destacar que el pago del arancel a los establecimientos privados es para disposición del mejoramiento y mantención segura del edificio, aparte de las actividades extracurriculares y calidad educativa y tecnológica.Particularmente, el Instituto Belgrano, que se encuentra ubicado en el microcentro de esta ciudad, es uno de los edificios más superpoblados y aumentó su cuota el 50%, más de lo permitido por la Dirección de Educación de Gestión Privada.