Los gobernadores de las diez provincias mineras agrupadas en la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) comenzaron a analizar la creación de una mesa de resolución de conflictos limítrofes entre los estados provinciales. Se trata de un mecanismo que permita solucionar los enfrentamientos que están demorando nuevas inversiones en áreas mineras. “Hay que aportar grados de seguridad jurídica propicios para la inversión”, subrayó el secretario de Minería, Jorge Mayoral, al presentar la propuesta en la última reunión del cuerpo, según reconstruyó una fuente.
Ésa, la necesidad de acelerar la llegada de nuevas inversiones, fue el eje central de la iniciativa que les llevó Mayoral al encuentro que se hizo la semana pasada en la sede porteña de la OFEMI, según indicaron las fuentes consultadas. No bien empezó a explicarla, los gobernadores pidieron un tiempo para evaluarla y el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, hizo una explicación pormenorizada del conflicto que mantiene con Catamarca por el Cerro Bayo, que se encuentra en zona limítrofe.
Se trata de un yacimiento de oro y plata que ambas provincias concesionaron a dos empresas multinacionales: la Justicia salteña se la otorgó a la canadiense Silver Standard, subsidiaria de Pacific Rim Minning Corporation; pero la Justicia catamarqueña se la dio a Aguas Blancas S.A., que encabeza Luis Manuel Álvarez. El tema llegó a la Corte Suprema de Justicia por una demanda que presentó el gobierno de Catamarca.
Lo que propuso Mayoral –amparado en el artículo 124 de la Constitución nacional que otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales– es que independientemente de la judicialización del conflicto se pueda avanzar en una mesa de negociación. Eso permitiría encontrar un esquema para avanzar en la llegada de las inversiones mientras se resuelve el problema en los tribunales. El ejemplo de la disputa entre Salta y Catamarca es claro porque Silver Standard hizo tareas de exploración y, según indicó su gerente de Relaciones Institucionales, Favio Casarín, se encontraron más reservas de oro y plata pero no pueden avanzar si no se resuelve el conflicto limítrofe. Y esa demora se traduce en la llegada de inversiones que se cuentan en dólares y en empleo para las provincias.
Esa preocupación estuvo presente en toda la reunión, donde también se firmó un acta de compromiso para asegurar al sector, pero principalmente a las grandes mineras, el respaldo político para la actividad. Pero esa definición fue atada al reclamo de que reinviertan las utilidades en las provincias donde se instalan los emprendimientos. Este nuevo pedido llega después de que en los últimos seis meses el Gobierno nacional autorizó a una media docena de empresas a girar dividendos a sus casas matrices por más de u$s500 millones. Esa posibilidad estaba frenada desde octubre de 2011 y las multinacionales venían advirtiendo que ese comportamiento del Estado nacional frenaba la llegada de nuevas inversiones.
Después de escuchar a Urtubey, quien explicó el tema delante de su par catamarqueña, Lucía Corpacci, quien estuvo de acuerdo con las líneas generales de la iniciativa nacional, los gobernadores quedaron en analizar el borrador que llevó Mayoral. Y los mandatarios Eduardo Fellner (Jujuy), José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja) y Alberto Weretilnkeck (Río Negro) se llevaron el texto a sus provincias. Lo mismo hicieron los representantes de Mendoza y Neuquén, los directores provinciales de Minería, Carlos Molina y Carlos Portilla, respectivamente. (BAE)