La Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motrices (APyFADIM), cansados de protestar por la falta de entrega de materiales descartables, ortopédicos, medicamentos, sillas de rueda y reintegros, y tras un año de reclamos quieren iniciar medidas legales ante el incumplimiento de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y la falta de respuesta de los funcionarios públicos. La entidad recordó que el tema fue planteado a la propia gobernadora a través de notas. Los más de 60 chicos que concurren a la Asociación tienen problemas con la obra social desde comienzos de 2012.
Los miembros de Apyfadim explicaron que “no encuentran respuesta de por qué tanta indiferencia por parte de la OSEP”, pese a las notas de pedido, compromiso, resoluciones favorables, denuncias públicas y notas al INADI. “Decidimos hacer público una vez más el maltrato con nuestros hijos, la indiferencia por parte de las autoridades gubernamentales y el incumplimiento de las leyes, hemos enviado hasta cartas a la gobernadora, al Ministerio de Salud luego de realizar innumerables trámites por sillas de ruedas, medicamentos, reintegros, material descartable como sondas, y otros elementos que los niños necesitan para salir adelante”, explicó la presidenta, Griselda Bazán.
También junto a un grupo de padres detallaron que desde el año pasado gestionan unas 18 sillas de ruedas y existe una resolución favorable por parte de juntas médicas, pero no pueden conseguir que la OSEP haga la entrega. Explicaron que las ortopedias “no quieren trabajar con la obra social por las deudas que mantienen, dejando así como rehén a los niños con problemas motores”.
Agregaron que en varias oportunidades intimaron a la obra social para que resuelva los trámites y expedientes en curso, pero “siempre existen cuestiones ajenas como presupuesto, proveedores, materiales importados, falta de convenio, especialidades no comprendidas, lo que perjudica cada vez más a los niños”.
Repudiaron también la falta de cumplimiento de la resolución N°8650/08 asumida por la provincia, por la cual mejora la cobertura para las personas con discapacidad, así como los trámites, logrando mayor celeridad y una cobertura que si bien no era “integral” era amplia y efectiva, pero actualmente no se cumpliría.
Ana Olmos, mamá de un chico con discapacidad motora, manifestó que desde el año pasado solicita el cambio de silla de ruedas ya que el joven creció y la silla ya no le sirve para trasladarse, pero la obra social no le otorga por deudas que tiene con las ortopedias. Similar situación la padecen numerosos padres presentes ayer en Apyfadim, algunos con hijos que deben operarse de columna pero no les llega la prótesis, otros con chicos sin piernas que necesitan sillas de ruedas comunes hace más dos años, entre otros casos.

Hoteles no adaptados

Como una de las problemáticas frecuentes que padecen las personas con discapacidad motora, se dio a conocer que quienes vienen del interior provincial no encuentran en la ciudad capital un hotel de alojamiento adaptado para personas con dificultades motoras, lo mismo sucede al momento de las derivaciones, ya que no existe convenio desde OSEP con los hoteles que tieen esas facilidades en Córdoba o Buenos Aires, tratándose de un problema grave si se tiene en cuenta que el paciente va sólo con un acompañante, que muchas veces no puede cargar a sus hijos, ya jóvenes adultos.
“A nosotros afiliados de OSEP nos descuentan todos los meses pero no recibimos cobertura para nuestros hijos, hablan de la inclusión y no existe con nosotros, realmente no esperábamos esto de esta gestión y menos de nuestra gobernadora, a quien no vamos explicarle la importancia que tiene que las sondas sean entregadas a tiempo para aquellas personas que no tienen micción espontánea, o que las sillas de ruedas son las piernas de quienes las usan, o lo caro de los tratamientos. Invitamos a la gobernadora a que venga y vea todos los atrasos que existen con Apyfadim desde esta gestión”, expusieron los damnificados.

Articulo 40

En el documento reflejan que para iniciar “amparos” se basan en el artículo 40 de la Constitución Provincial, que los avala a proceder contra “todo acto, decisión u omisión de los agentes administrativos que violen, amenacen o menoscaben derechos garantizados por la Constitución”. Además remarcaron que existen numerosas leyes que los avalan.