Días pasados, se dio sanción en el Concejo Deliberante a una ordenanza que dispone el control de los aceites que desecha el sector gastronómico. La iniciativa fue impulsada por el concejal Hernán Martel, y tiene como fin regular el control y la gestión de los Aceites Vegetales Usados (AVUs) en lo que respecta a la generación, manipulación, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final en la ciudad capital.
La ordenanza detalla que los AVUs procedentes del sector gastronómico representan en nuestra sociedad una amenaza a la salud y al ambiente, debido a que poseen componentes no volátiles potencialmente cancerígenos y su mal uso o reutilización constituye una amenaza para la salud del consumidor.
Su disposición en la red cloacal dificulta el procesamiento de los afluentes, además de obstruir los desagües cloacales y pluviales y contaminar los cursos de agua. Su disposición como residuo sólido urbano o en pozos ciegos impermeabiliza el suelo, impidiendo la correcta absorción del agua y por consiguiente afectando el crecimiento de especies vegetales en el lugar.
Se ha comprobado que si se dispone, recicla y se trata en forma adecuada a los AVUs, pueden utilizarse para otros destinos, existiendo en la actualidad empresas que los recolectan y lo reciclan convirtiéndolos en biodiesel. Este mecanismo de gestión se ha venido aplicando con resultados favorables tanto a nivel internacional como local en distintos municipios del país.
Al no contar actualmente nuestra ciudad con normativa específica en relación a esta materia, se hace necesario establecer una regulación en torno a los AVUs que garantice la protección del medio ambiente, la salud y la calidad de vida de la población.
La normativa prohíbe a los generadores el vertido directo o indirecto de AVUs, a redes y colectoras cloacales, conductos pluviales, cursos de agua o suelo, solos o mezclados con otros componentes sólidos o líquidos.
Y por último, crea el “Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales Usados”, que estará a cargo y será reglamentando por la autoridad de aplicación de la presente, la Secretaría de Servicios Públicos, o la que en el futuro la reemplace.