La mujer que desde hacía tres días se encontraba encadenada en la Plaza 25 de Mayo solicitando asistencia habitacional tomó en la mañana de ayer la decisión de prenderse fuego, rociándose las piernas con alcohol. Como producto del hecho, permanece internada en el Hospital San Juan Bautista. Los médicos que la atendieron comunicaron a sus familiares que sufrió heridas de segundo y tercer grado.
En un comunicado oficial, el gobierno lamentó los hechos ocurridos y comunicó que “se viene negando sistemáticamente a aceptar las soluciones comprometidas y ya dispuestas desde distintos organismos del Estado”.
A causa de no haber obtenido el pedido que motivó su reclamo, Cinthia Vega, madre de tres niños menores de edad, quien había anunciado en declaraciones a la prensa que “estoy dispuesta a todo con tal de conseguir ayuda, porque no tengo un lugar donde vivir con mis hijos”, luego de tres jornadas en las que, según comentó, recorrió diferentes organismos exponiendo la situación que atravesaba, se prendió fuego.
El lamentable hecho fue advertido por los gritos desgarradores de la mujer, los que alertaron a las personas que se encontraban en el lugar. Un médico y un auxiliar de enfermería que se encontraban en las inmediaciones, luego de haber participado de la protesta de los trabajadores de Salud, acudieron rápidamente a ayudarla. Personal policial y de bomberos, que prestaban servicio en las cercanías, intervinieron para impedir que el fuego se expanda por el cuerpo de la mujer. A los pocos minutos, una ambulancia del SAME trasladó a la mujer al hospital de urgencias.

Estado de salud

Luego de ocurrido el hecho, familiares de Vega, en diálogo con El Esquiú.com, comentaron el estado de salud de la mujer que tomó la drástica decisión: “Está internada en la Unidad de Coronaria. Los médicos decidieron sedarla por la crisis nerviosa en la que estaba y por los dolores que tiene de las quemaduras. Tiene heridas de segundo y tercer grado, lo que le va a llevar unos 35 días de curación”.
Al mismo tiempo, comentaron que el motivo que llevó a que la mujer tome la decisión de causarse daño fue la “desatención y la falta de soluciones; nadie la ayudó y mintieron que lo habían hecho. Le ofrecieron 500 pesos, pero hay que ser realistas y saber que en ningún lado te alquilan por ese precio. Le dijeron que en seis meses recién le podían dar una vivienda, pero ella necesita donde estar con sus hijos ahora. Tienen que entender que hay gente que tiene necesidades que llevan a la desesperación y es muy triste”, manifestó la familiar de Cinthia Vega.

Comunicado de gobierno

La decisión de autolesionarse de Cinthia Vega hizo que desde el Gobierno emitieran un comunicado de prensa, explicando las respuestas que los organismos oficiales brindaron a su reclamo. En el mismo, se lamentan las circunstancias ocurridas y se manifiesta que “desde el lunes en que la Sra. Vega inició su reclamo se le otorgó un subsidio de alquiler por parte del ministerio de Desarrollo Social, hasta tanto la Secretaría de la Vivienda le construyera una vivienda social, cuyo plazo de ejecución se estima en unos seis meses”.
En relación a las gestiones efectuadas con el propósito de colaborar con la mujer, “la directora de Acción Social Directa del ministerio de Desarrollo Social, María Castaño, gestionó y dispuso el otorgamiento del aludido subsidio de alquiler, que “la Sra. Vega se negó a aceptar, porque ella solicita imperativamente que se le entreguen las llaves de una vivienda; lo que es materialmente imposible en este momento, por la inexistencia de una unidad en particular en condiciones de ser adjudicada”, expresa la aclaración.
En el mismo sentido, se informó que el secretario de Vivienda y Urbanismo, Octavio Gutiérrez, “paralelamente, ya había dispuesto la incorporación de la Sra. Vega al listado de beneficiarios para la adjudicación de la próxima entrega de módulos habitacionales, contemplados en el programa de viviendas sociales, sin costo para los beneficiarios”, con la aclaración de que el aludido beneficio “se haría efectivo en un plazo de seis meses”.
Desde el Gobierno, también se explicó que la mujer “se encuentra inscripta desde hace 4 años –durante la anterior administración provincial- en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y “nunca pudo acceder a tal registro, ya que no tiene la capacidad de pago exigida, con un ingreso mínimo de 1200 pesos mensuales, debidamente justificables, y un garante con remuneración de planta en el Estado”. Al respecto, se precisó que “Vega es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, por sus tres hijos menores de edad, lo que no es admitido por el IPV como justificación de ingresos”, explica el comunicado.