Desde noviembre pasado, más de un centenar de familias tomó las viviendas

A dos meses, cinco barrios del IPV continúan usurpados en el Norte

El IPV y las empresas constructoras radicaron las denuncias pero, hasta el momento, la Justicia no emitió resolución.
domingo, 19 de enero de 2014 00:00
domingo, 19 de enero de 2014 00:00

Desde hace 2 meses, los barrios en construcción en el Norte de la ciudad se encuentran usurpados. A la fecha, las familias que se encuentran ocupando las viviendas no han recibido notificación alguna de desalojo. Permanecen allí con la “esperanza” de que el tiempo transcurrido y la falta de acciones de los organismos competentes favorezcan la tenencia definitiva de los módulos habitacionales.
Los barrios tomados son los que se encuentran ubicados en avenida Choya, en las inmediaciones de Terebintos. Allí, más de 48 familias ocupan viviendas que corresponden a dos barrios distintos. Idéntica situación ocurre en las edificaciones del barrio 30 viviendas, ubicadas en el sector aledaño al barrio UOCRA. Mientras que treinta familias tomaron las unidades habitacionales casi finalizadas situadas cerca de las 500 viviendas, allí son dos las obras que se ocuparon, todas en el sector Norte de la ciudad.
Las empresas constructoras, responsables del espacio y los trabajos hasta el momento de la finalización de la obra, han efectuado las denuncias ante las tomas de los barrios del Norte que estaban bajo su responsabilidad. Por su parte, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) también radicó las denuncias correspondientes por los módulos que ya había recibido.
En tanto, hasta la fecha y a dos meses de la toma, la Justicia no ha realizado acciones en contra de los autores de las usurpaciones de los barrios de la Ciudad. El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda manifestó, en su momento, que había demora en las acciones y que la feria extendería aún más la permanencia de los ocupas.
A sesenta días de haber decidido ocupar las viviendas que aún no han sido finalizadas por las empresas constructoras, los ocupas continúan residiendo allí, ya realizaron las conexiones de agua potable y energía eléctrica, al mismo tiempo que la mayoría ha llevado más pertenecías al lugar.
La extensión del período de ocupación los obliga a contar con más elementos que les permitan satisfacer las necesidades básicas. En el lugar, las familias pasaron las fiestas de fin de año, ya que consideraron que “irse” para Navidad o Año Nuevo era arriesgar a perder el tiempo que llevaban allí.
“De alguna manera estamos tranquilos, pero sabemos que tenemos que estar siempre esperando que alguien venga a decirnos algo o que nos quieran desalojar”, dijeron a este medio. A pesar de dicha tranquilidad, para afrontar el “temor” que les provoca el desalojo, las familias coordinan acciones que los mantienen permanentemente comunicados en caso de que “algo pase”.
Según explicaron, no han recibido hasta el momento ninguna notificación por parte de los organismos que debieran intervenir en este tipo de situaciones en que las obras del Estado son ocupadas por particulares, impidiendo la continuación de los trabajos y la correspondiente adjudicación a los beneficiarios que realizan las gestiones para adquirir la viviendas y, posteriormente, abonar el costo de la misma.
 

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