El interventor de la Obra Social de los Empleados Públicos, Julio Cabur, radicó ayer en la sede de fiscalía Penal la denuncia por defraudación en la obra social.
La presentación obedece a la detección de facturación trucha y falsificación de firmas en comprobantes presentados por las empresas de remises que brindan el servicio de traslado a afiliados de la obra social.
El servicio de los autos de alquiler es contratado y abonado por los afiliados. Posteriormente, la obra social reintegra los montos pagados por el traslado a centros de salud donde reciben sesiones de diversos tratamientos.
La denuncia penal realizada ayer surgió de las auditorías internas en las que personal de la gestión que interviene Osep efectúa para controlar el funcionamiento del organismo en períodos anteriores.
El monto al que ascienden algunas de las facturaciones advertidas supera los 8 mil pesos y serían de varios períodos de similar monto.
En el proceso de revisión de la documentación se logró advertir, y posteriormente verificar, firmas falsas de afiliados y médicos en comprobantes de traslados en autos de alquiler. También se detectaron historias clínicas falsas.
La defraudación realizada durante varios períodos pasó por varias áreas de la obra social sin que se advirtieran las irregularidades en la documentación obrante en una importante cantidad de expedientes.
La verificación de los hechos surgió luego de que las firmas de afiliados que no usufructuaron el servicio se encontraran en los comprobantes de viajes supuestamente realizados en diferentes empresas del medio. La rúbrica de profesionales de la salud, que son los que certifican la atención a los afiliados, tampoco fue reconocida como propia en las consultas realizadas en el proceso de averiguación llevado a cabo por la obra social.
La falsificación de rúbricas habría sido ejecutada por responsables de remises de diferentes empresas que prestan servicio a la obra social.