OPINIÓN

¿Son los niños realmente nuestra prioridad?

viernes, 27 de febrero de 2015 00:00
viernes, 27 de febrero de 2015 00:00

Por Rodrigo Morabito (*)


Desde hace unos días vengo siguiendo la noticia de que a unos niños del departamento Fray Mamerto Esquiú se les negó la inscripción en un establecimiento educativo municipal.
Más allá de las discusiones políticas que se han generado en torno a la cuestión y que en verdad es un tema aparte, deseo no sólo como juez de la infancia expresar mi opinión al respecto, sólo, aclaro, enfocándome en los niños que hasta hoy se encuentran privados de acceder a un derecho humano tan trascendental como es la educación y su formación como ciudadano.

Con fecha 28 de noviembre del año 2013, entró en vigencia la ley provincial 5.357 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, reglamentaria claro está, de la Convención de los Derechos del Niño -tratado este último con jerarquía y supremacía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22 de la CN)- como lo es a nivel nacional la Ley 26.061 y a la que nuestra provincia adhiriera por ley provincial 5.292.

La ley provincial, en el art. 20, al regular el DERECHO A LA EDUCACIÓN, expresa: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de este documento. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente. (…)”.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 28.1 instituye: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho (...)”.

Ahora bien, con disposiciones normativas que son tan claras ¿cómo es posible negar ese derecho a los niños por el comportamiento de los padres? ¿Son los niños realmente nuestra prioridad?

A diario escucho desde muchos sectores que los niños son nuestro futuro, que hay que apostar a su bienestar, etc., sin embargo, muchas veces son frases vacías, meras expresiones de deseos, tan sólo eso, pues, basta con trabajar en un juzgado de niños para verificar que respecto de algunos sectores sociales (los más vulnerables) ello no es así, lo mismo ocurre cuando nos encontramos con circunstancias como la que nos ocupa en esta columna de opinión, la negativa a reconocer y garantizar un derecho humano básico de quienes conforman colectivos vulnerables, nada más y nada menos que los niños.

El caso de los niños de la localidad de Fray Mamerto Esquiú es trascendental, en primer lugar porque los niños tienen derecho al acceso a la educación reconocido legalmente, ergo la propia ley manifiesta que “por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente”. Evidentemente, ninguna causa es ninguna causa y, menos aún, cuando esa causa es el origen de un comportamiento adulto que nada tiene que ver con los niños.

En segundo lugar, porque ese derecho de acceso y permanencia a la educación debe serlo en un establecimiento cercano a su lugar de residencia.

En definitiva, el elemento fundamental en relación con los derechos de educación, es que ninguna niña y ningún niño deben ser discriminados por motivo alguno.
La educación en la esfera de los derechos humanos debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece con la manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las experiencias cotidianas de los niños (Observación General N° 1: párrafo 15 del Comité de los Derechos del Niño). Para tal efecto, es indispensable que las instituciones educativas asuman estructuras democráticas y formas de aprendizaje basadas en el diálogo y que niñas y niños tengan la oportunidad de ejercer sus derechos en la vida cotidiana.

Es claro que los chicos tienen el derecho fundamental a educarse, y que ese derecho tan primordial no puede ser truncado por ninguna causa, pues si hay un derecho que garantiza un futuro real y efectivo no sólo para los niños sino también el de un Estado democrático de derecho, es la educación, de ello no deben quedar dudas al respecto, sólo así, garantizando derechos de los más desaventajados y vulnerables podremos lograr una sociedad más justa e igualitaria y menos violenta y excluyente.

 

(*) Juez de Menores de
Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación
Pensamiento Penal.

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