Como es de público conocimiento, y según consta en la resolución N° 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación publicada en el Boletín Oficial el viernes pasado,  los usuarios de la red de gas de todo el país deberán afrontar un cargo extra en sus facturas desde enero de 2019 y por 24 meses para compensar a las empresas por la devaluación del peso. Ante esto, la diputada Adriana Díaz, presentó un proyecto de declaración en donde manifiesta su más enérgico repudio y preocupación a esta medida que afecta drásticamente a la población.

En los fundamentos, la legisladora señala: “Esta resolución resulta ser a todas luces nula e inconstitucional por diversas razones, la primera es  que el Estado nacional no puede arbitrariamente disponer el pago de un “CARGO EXTRA” que nunca fue informado en las distintas audiencias públicas desarrolladas a lo largo y ancho del país, donde se discutió tanto el nuevo cuadro tarifario como los gastos de distribución”, explica.

Por otro lado, resalta que “No se puede pretender cobrarles a los usuarios de forma retroactiva una deuda cuyo origen es meramente contractual entre las productoras de gas y las distribuidoras, donde los riesgos deben ser soportados y previstos por las propias empresas que obtienen una enorme rentabilidad en dólares prestando este servicio”.

“La tarifa a abonar por el usuario debe ser previsible y fijada previamente, se trata de una medida irracional y confiscatoria, el usuario nunca puede ser responsable de las políticas económicas implementadas en nuestro país, ni garante de las pérdidas que la variación en el tipo de cambio le genere a las petroleras, por la sencilla razón de que además de no corresponder dicha compensación, los salarios de los usuarios se pagan en pesos y no en dólares”, señala.

“El Enargas, en tanto, publicó el pasado viernes los nuevos cuadros tarifarios, que regirán a partir de este mes de octubre y suponen aumentos promedio de entre 30 y 35 por ciento para los usuarios de todo el país, a los cual debemos sumarle los incrementos semestrales ya previstos. El próximo será en abril, es decir que el próximo invierno, la tarifa acumulará la suba ya dispuesta para octubre, la de abril y la compensación a las empresas, todo ello sumado al reciente recorte de la tarifa social”.

En este contexto, ”el acceso al servicio de gas natural resultara sumamente oneroso, privando del mismo a los sectores más vulnerables de la sociedad, cuando en realidad se debería garantizar la asequibilidad de los servicios públicos, el estado debe proteger al usuario en la relación de consumo, garantizarle una información adecuada y veraz, libertad de elección, condiciones de trato digno y equitativo, pero por sobre todo la calidad y eficiencia de los servicios públicos, conforme lo dispuesto por el art 42 de nuestra Constitución Nacional”, concluye.