En un comunicado enviado a los medios locales, la comisión de Género perteneciente al Colegio de Abogados de Catamarca expresó su "enérgico apoyo a la lucha y defensa de la educación pública por parte de los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales de nuestro país, y particularmente de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa)".

En el mismos sostienen que "las universidades públicas cuentan con más del 80% de la población estudiantil y con campus extendidos a todas las provincias, representan más del 50% de la investigación científica del país y brindan asistencia técnica a los sectores público y privado, rol que resulta fundamental porque acompaña y respalda muchas de las políticas públicas que pueda llevar adelante el Estado. Dentro de este contexto la política que viene desarrollando el gobierno Nacional debe analizarse desde un discurso normativo que abarca los dichos del Ministro de Educación de la Nación, la discusión del 'Plan Maestro', el Decreto P.E.N. Nº 632/18, la Resolución del Ministerio de Educación 1254/18, entre otras medidas que suponen: recortar las incumbencias de 37 carreras públicas, quitarle contenido, especificidad y desvalorizar los títulos de los graduados en el mercado laboral, la prohibición de nuevos contratos de Asistencia Técnica y la rescisión de los existentes al 31 de diciembre de 2018, deslegitimando la relación con las Universidades Públicas, las que realizan aportes sustantivos en la implementación de programas sociales, entre otras tareas que, pasarían a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los pasillos y oficinas del Estado Nacional". 

Agregando, "el recorte presupuestario golpea directamente no solo a los salarios cuyas partirías no se discuten, sino también a las partidas presupuestarias dedicadas a la Investigación, y aquellas para ejecutar los Programas de Extensión Universitaria que es otro de los pilares fundamentales de la universidad pública debido a que representan el vínculo con las comunidades (desde comedores, programas nacionales y demás acciones que serán suspendidas). El recorte supone además un achicamiento de los insumos para las gestiones administrativas de las unidades académicas. Mas el retardo o la no realización de los correspondientes concursos en materias de diferentes carreras, la no implementación de aquellas nuevas carreras, más el cierre de la inscripción a la matrícula de diferentes carreras consideradas “inviables”, la conclusión obvia es el vaciamiento del actual contenido de la universidad pública y su futura privatización. Si observamos todo el plexo de las políticas educativas que se vienen aplicando y consideramos además de lo dicho, el retiro de presupuesto y de poder de decisión a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología (INTI), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros, se advierte que este conjunto de acciones se encuentra direccionado a que la universidad produzca otro tipo de conocimiento, ya que el producto actual y por tanto los egresados de las carreras existentes no sirve al modelo de país que desde el gobierno nacional se viene delineando".

"El modelo de universidad que se está gestando como efecto de las políticas públicas del gobierno actual no busca otra cosa más que la mercantilización del conocimiento, y la pérdida del desarrollo autónomo de la investigación, la ciencia y la tecnología, con la consiguiente desigualdad al acceso a la educación por parte de la población. Los docentes en huelga de la UNCA advierten esta preocupación y denuncian como ejemplo que actualmente un proyecto de investigación teórica dentro de la Facultad de Humanidades, recibe un presupuesto anual de $ 14.000. Como defensores de nuestra carta magna, aseveramos que el Poder Ejecutivo no puede vulnerar  los derechos de todos los habitantes de Argentina, como el derecho a la educación superior y universitaria, que fué, es y será la mayor garantía de ascenso social y desarrollo de la sociedad (Art. 75 inc. 18 “.. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria…, inc. 19… “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…  a la formación profesional de los trabajadores…a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento…Proveer al crecimiento armónico de la Nación..Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado…y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…” ).El reclamo no es un aumento salarial de 30 por ciento. Ese reduccionismo es el discurso mediático que intentamos romper", finalizan.