Educación estableció que la inscripción debe corresponder al monto de la cuota
Colegios privados dicen que el tope de cobro les genera perjuicios económicos
Aseguran que la subvención del Estado provincial solo cubre el salario de los planteles docentes.Ayer, el Vicario de Educación, presbítero Oscar Tapia, junto con los representantes legales de los colegios Padre Ramón de la Quintana, Juan Pablo II y Nuestra Señora del Valle, Rubén Martí, Luis Herrera y Jorge Leguizamón, respectivamente, plantearon los inconvenientes económicos que les genera a los establecimientos privados confesionales la resolución del ministerio de Educación que establece el cobro de la matrícula de manera diferente a la que se estaba aplicando hasta ahora.
Aseguran que el tope que determina el instrumento, el cual señala que “los valores máximos de la Inscripción o Matrícula para el Ciclo Lectivo 2020 de los Establecimientos Educativos de Gestión Privada con aporte del Estado Provincial, no podrán superar el equivalente al valor de un arancel mensual por enseñanza al momento de su percepción”, perjudica el presupuesto de las instituciones.
En conferencia de prensa, el Pbro. Oscar Tapia destacó: “Somos 16 colegios públicos de gestión privada en toda la provincia, nuestro compromiso es la educación y lo hacemos en concordancia con el Estado, con una ayuda mutua. Nosotros ofrecemos nuestros edificios, nuestro servicio educativo y el Estado da un aporte, también esto en respeto a los ciudadanos que eligen un tipo de educación. Eso está contemplado en la ley. Pero nos aporta solamente para la Planta Orgánica Funcional (POF)”.
En idéntico sentido, el sacerdote expresó: “En Catamarca, la parte privada educa casi al 20 % de la población estudiantil y los colegios confesionales católicos cristianos educamos a más de 15.000 alumnos, porque la gente nos elige. Y nuestro compromiso es brindar una educación de calidad, una formación integral de la persona”.
El representante de la Quintana, sobre las complicaciones de la medida de la cartera educativa, aseveró: “Históricamente, los colegios cobramos dos cuotas como matrícula, porque todos los trabajadores cobramos 13 sueldos en el año, teniendo en cuenta el aguinaldo. En este caso, vamos a tener 12 sueldos, con lo cual, hay un sueldo que no lo podemos pagar. Eso implica un desfasaje, porque armamos el presupuesto en el mes de octubre – noviembre y se aplica de febrero a febrero. Entonces, si por algún motivo que desconocemos, casi terminando el presupuesto nos dicen que vamos a tener un ingreso menor al que tenemos considerado, nos obligan a entrar en una crisis, debiendo priorizar los salarios de los docentes y dejar de hacer todo tipo de obras, infraestructura, mantenimiento de edificio y demás”.
Los representantes de las instituciones educativas consideraron que “la medida es inconsulta a esta altura del año, porque interfiere en el presupuesto que prolijamente presentamos. Es difícil trabajar así”.
En tanto que Herrera manifestó: “El plantel docente que está subvencionado por el Estado no se verá afectado. Acá el problema es que no solamente está la gestión de orden pedagógica, sino otras áreas que no están dentro de la POF, de las que tienen que hacerse cargo las instituciones”. Por lo tanto, “vamos a tener que priorizar los recursos que nos puedan quedar o eventualmente pedir ayuda para cubrir a ese personal y paralizar algunas inquietudes que hacen al proceso enseñanza aprendizaje”.
Por su parte, Leguizamón comentó: “Esto nos da la pauta de que hay un desconocimiento de cómo se manejan y cómo trabajan, los colegios confesionales; no somos iguales, cada uno tiene un proyecto educativo diferente. Desde nuestros colegios no solamente se brinda un servicio educativo, pedagógico, también hay un servicio educativo que tiene que ver con lo social, con la contención de los niños, atendiendo diversas problemáticas. Para ello, muchos de nuestros colegios pagan gabinetes psicopedagógicos y en eso influye esta medida”.