Integrantes de la comisión directiva de Ateca solicitaron al ministro de Educación, Daniel Gutierrez, que considere una prórroga para los docentes que realizan trámites para obtener tareas pasivas. 
El requerimiento se debe a que la última circular emitida por la dirección de Recursos Humanos establecía que hoy es la fecha límite de prórrogas de licencias de docentes que están bajo la modalidad de cambios de funciones, cambio de destino y/o reducción horaria, pero aducen que el receso del personal de los organismos intervinientes genera las demoras propias en los trámites. 
Según dieron a conocer desde el gremio, el titular de Educación en la provincia aseguró que los docentes que se encuentren en medio del procedimiento administrativo soliciten fecha para la realización de la junta médica, lo que acreditará la justificación en los establecimientos escolares. 
Desde el gremio señalaron que “teniendo en cuenta que la atención en Reconocimiento Médico Docente y demás reparticiones es reducida debido a la licencia anual ordinaria del personal es que mencionada circular resultaría perjudicial, siendo las consecuencias ajenas al docente. La circular 07 emitida por el director de Recursos Humanos en el mes de diciembre contempla una prórroga hasta el 1º de febrero para quienes hayan sido convocados a junta médica o no cuenten con el dictamen pertinente”. 
En relación con la respuesta recibida de parte del ministro Gutierrez, desde Ateca explicaron que “ante lo expuesto, el señor ministro respondió que los colegas que se encuentren en esta situación deben solicitar fecha para la Junta médica, lo que acreditará la justificación en los lugares de trabajo. También agregó que Reconocimiento Médico y Recursos Humanos ya fueron informados del procedimiento a seguir”. 
 La emisión de la circular había ocasionado incertidumbre en la docencia ya que consideran que el procedimiento administrativo que deben cumplir los expedientes en los organismos lleva un tiempo considerable. La situación generó en la oportunidad, que los educadores acudan a los gremios pidiendo que intervengan, ya que en primera instancia se había fijado la fecha límite en diciembre, la cual luego se trasladó a febrero.