Ayer se logró finalizar el anteproyecto de la ley de Enseñanza Privada. La nueva iniciativa contempla una reforma integral respecto a la actualización conforme a los nuevos derechos y garantías constitucionales y las actuales modalidades educativas.
La nueva ley prevé la distinción entre aranceles obligatorios y no y la protección de los alumnos respecto de sus derechos y obligaciones.

El aporte estatal estará dividido en cinco categorías de bandas arancelarias que repercutirán en el nivel de subvención. Esto define los cargos que se subvencionarán anualmente en la respectiva Planta Orgánica Funcional  (POF) de cada colegio privado, estableciéndose que quienes cobren una cuota más alta a los alumnos, tendrán un menor aporte estatal.
La iniciativa ya contaría con el consenso de los apoderados de los colegios privados, legisladores y funcionarios de Educación para su pronta presentación en la Legislatura provincial.

El ministro de Educación, Francisco Gordillo, junto al secretario de Recursos Humanos, Silvio Martoccia, y el director de Gestión Privada, Rubén Martí, se reunieron ayer con senadores y diputados de las respectivas comisiones de Educación para avanzar, principalmente, en la modificación y actualización de la ley de Enseñanza Privada, la cual lleva más de 40 años de su sanción sin modificaciones.

El anteproyecto será enviado al gobernador Raúl Jalil para su análisis y posterior envío para labor parlamentaria en la Legislatura.

Al respecto, Rubén Martí, director de Gestión Privada, comentó: “Es una actualización de la ley de Enseñanza Privada que ha sido consensuada con representantes legales, diputados, senadores, todos los atores que están vinculados a la educación privada. Se llegó a acuerdos muy importantes que el ministerio de Educación presentará al Gobernador”.
En el encuentro, el ministro dio a conocer a los legisladores el protocolo sanitario consensuado entre Educación y Salud por el COVID-19, el cual se aplicará en las escuelas catamarqueñas tras un eventual retorno de las clases presenciales, previa autorización del COE cuando la situación epidemiológica lo permita.