Ayer por la tarde, una familia fue desalojada de una vivienda ubicada en la calle Avellaneda y Tula al 657, de la ciudad Capital. 
El desalojo se concretó luego de lo que haya ordenado la jueza de Primera Instancia en lo Civil de 4° nominación, Silvia Mónica Millán. 
La magistrada argumentó que Nelly Ester Martínez, una mujer de 70 años que residía en el domicilio, poseía “la parte que ocupa del inmueble inscripto en la Administración General de Catastro”, siendo un bien cuyo propietario es un hombre apellido Frías.
La retirada de las personas que habitaban en la vivienda se produjo en un ambiente tenso, debido a que Martínez se resistía a la entrega del inmueble.
Martínez, quien convivía en el hogar junto a un hijo, su pareja y la hija de ambos, comentó a El Esquiú.com que “hace 40 años que estoy acá, yo la hice con mis hijos porque no tenía respaldo de mi marido, ni de nada. Todo esto era arroyo, no era casa. Sacamos las piedras, la arena para hacer una casa”. Por la noche, este diario pudo conocer que Martínez y su familia se encontraban realizando las tareas de mudanza e iban a pasar la noche en la vivienda de una familia.
Fernando Salinas, familiar de Martínez, indicó que también hallaron un domicilio para alquilar y trasladar a la mujer junto a sus seres íntimos. De acuerdo a lo que manifestó Salinas, autoridades de la comuna se comprometieron a abonar el monto económico que significará el alquiler y, además, buscar el modo de ayudar a Martínez para gestionar una vivienda social. 
Salinas resaltó que los funcionarios asumirán los costos de la renta “hasta que salga lo de la vivienda, que también hicieron el compromiso”.
“Estamos haciendo el desalojo, llevando las cosas. Los muebles y las cosas de la casa las van a poner en un depósito. Ya hemos conseguido un alquiler”, contó Salinas. 
“Estamos rogando que no sean meses, que sean días. Estamos viendo qué va a pasar”, agregó Salinas.
Y mencionó que “el abogado (Rolando Crook, quien los asistió en esta oportunidad) hizo lo posible, pero ya no hay vuelta atrás. La orden ya estaba, no querían aflojar. Querían el desalojo sí o sí”. “Ella tiene 70 años, se le subió la presión. Vino la Policía, reprimió. Vinieron de Infantería, tenían orden de sacar a la gente. Han reprimido a unos vecinos”, describió Salinas.

“Es una urgencia”
El letrado Crook hizo referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que plantea el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de la pandemia de COVID-19 y consideró que esta familia tiene “urgencia”.
“Mientras dure la pandemia, según la ley, porque el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) según la constitución nacional tiene el mismo rango que una ley”, apuntó.
En otra instancia, Crook mencionó que pidió un impasse al representante del propietario del inmueble, pero se lo negaron. “Creo que mitad no pueden y mitad no quieren”, aseguró.