El Gobierno postergó hasta marzo del año una actualización de los impuestos a los combustibles, que debían aplicarse desde este miércoles.

Se trata del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), cuyo aumento repercute en los precios finales de la nafta y el gasoil, expresa el decreto 820/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial.

"Establécese que los incrementos en los montos de impuesto fijados en la Ley N° 23.966, que resulten de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre calendario de 2021, surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil a partir del 1° de marzo de 2022, inclusive", según el texto oficial que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro de Economía Martín Guzmán.

También se fijó un monto fijo diferencial del impuesto sobre los combustibles líquidos para el gasoil, cuando se destine al consumo en el área de influencia conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento Malargue en la provincia de Mendoza.

A través de esa normativa, se previó que los montos fijos se actualicen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el INDEC, considerando las variaciones acumuladas de ese índice desde enero de 2018, inclusive.

"Tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles", señaló.

En cuanto a las medidas implementadas, explica que se da con el fin de “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable postergar para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil los efectos de los incrementos en los montos de impuesto".

El proyecto de Ley de Hidrocarburos que el Gobierno envió al Congreso prevé una modificación de la Ley 23.966, con el objetivo de establecer alícuotas porcentuales del precio de los combustibles líquidos, en reemplazo de una actualización trimestral por inflación.

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