La mamá de un niño que se encuentra en tratamiento por un posible diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) o de trastorno del espectro del lenguaje (TEL) había denunciado públicamente a las autoridades de un establecimiento educativo privado tras  haber rechazado a su hijo.

De acuerdo a referido por la mamá hubo discriminación. “¿Dónde está la inclusión en todo esto? La psicopedagoga dijo que hay vacantes para niños que no sean como mi hijo... ¿Qué clase de persona dice eso? Ella como profesional debería saber que niños con diagnósticos así aprenden pero a su tiempo y lo que más necesitan es ser incluidos socialmente”, había manifestado.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia, la dirección de Educación Especial, a cargo de Ana Laura Romero y la dirección de Educación Privada, con Claudia Madina, tomaron conocimiento de esta situación e intervinieron de oficio. De esta manera, desde el gabinete educativo, que conduce la ministra Andrea Centurión, se solicitó un informe pormenorizado a las autoridades por esta situación.  

Por su parte, las autoridades del colegio se comunicaron con la madre del niño de tres años y le presentaron las debidas disculpas del caso.

Al mismo tiempo, desde ambas Direcciones educativas junto con los supervisores y la coordinadora María Argerich, se reunieron con la propietaria de la institución escolar para asesorar y acompañar al Colegio, en su trabajo como institución privada.

Además, la directora Romero comentó que, tras una charla con la mamá que presentó la denuncia, se acordó que “nos íbamos a juntar para acompañar en el proceso de inclusión en el jardín de infantes”. Finalmente, la madre decidió inscribir a su hijo en otro establecimiento.

Doble protección

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cuentan con el doble amparo, en el marco de sus derechos. Por un lado, tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, en el país por la Ley Nacional 26.061 y, en Catamarca, por la Ley Provincial 5.357 ambas de Protección Integral de Derechos de la niñez y la adolescencia. A la vez, están protegidos por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera convención del Siglo XXI, y su protocolo facultativo aprobado por Ley Nacional N° 26.378.