La diputada Mónica Zalazar presentó un proyecto de ley para crear el Registro Provincial Único y Obligatorio de Agresores de Víctimas de Violencia de Género en el ámbito del ministerio de Seguridad de la Provincia de Catamarca, conforme establece artículo 79 de ley provincial 5.434.

Asimismo, el Registro debe ser de libre acceso al público, contando con un soporte de datos digital de consulta permanente.
El Registro debe estar conformado con la siguiente información:

a) nombre completo, Documento Nacional de Identidad y domicilio real del agresor;
b) datos e informes psicofísicos del agresor;
c) condena, fecha de condena, pena recibida del agresor y copia certificada de sentencia condenatoria firme;
d) demás antecedentes del historial delictivo de los condenados por delitos de género contemplados en el Código Penal Argentino y leyes complementarias;
e) otra información o dato relevante que la autoridad de aplicación considere pertinente a tal fin.

Una vez firme la condena y dentro del plazo de cinco días, el órgano jurisdiccional debe notificar a la autoridad de aplicación remitiendo copia de sentencia firme para ser incorporados al registro.

El registro se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria en concordancia con el artículo 51 del Código Penal de la Nación Argentina.

La información contenida en el Registro Provincial Único y Obligatorio de Agresores de Víctimas de Violencia de Género caduca según lo establecido en el artículo 51 del Código Penal de la Nación Argentina.

La autoridad de aplicación debe garantizar, conforme a la legislación vigente, la privacidad y el derecho a la intimidad de la víctima sobre los datos recibidos e incorporados en el Registro.

La autoridad de aplicación debe hacer público, al menos semestralmente, un informe que contenga estadísticas acerca de cifras actualizadas de condenados por delitos de género.

“La ausencia de estadísticas oficiales sobre estos casos de violencia ha sido planteada constantemente por parte de las autoridades”, fundamenta la legisladora.