La diputada Mónica Zalazar presentó un proyecto de ley mediante el cual propone la creación del Gabinete de Acompañamiento para niñas niños y adolescentes con discapacidad en instituciones educativas públicas de la provincia.
El Gabinete de Acompañamiento tiene por finalidad brindar apoyo e inclusión educativa a niños niñas y adolescentes que padecen una discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, sensoriales o motoras y que asistan a instituciones educativas públicas.

Asimismo, el Gabinete de Acompañamiento debe estar integrado por:
a) un maestro o maestra de apoyo a la inclusión (MAI);
b) un acompañante terapéutico; y
c) un intérprete de lengua de señas argentinas (ILSA).
La autoridad de aplicación debe designar los integrantes del Gabinete de Acompañamiento mediante concurso de oposición y antecedentes.

En los fundamentos, la legisladora señala: “Los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, tienen derecho a transitar trayectorias educativas inclusivas en las que se respeten sus potencialidades y dificultades, así como se reduzcan las barreras del entorno que obstaculizan su participación plena, garantizando el ingreso, continuidad pedagógica y egreso en cada Nivel escolar. Para que esto sea posible, es necesario un trabajo articulado y colaborativo de todos los actores del Sistema Educativo, mediante intervenciones y estrategias coordinadas”.

“Bajo el paradigma social de la discapacidad, hace algunas décadas, los sistemas del mundo iniciaron una transformación estructural que contempla la diversidad y apunta a una inclusión efectiva y real de las personas discapacitadas, que respete integralmente sus derechos inalienables en diversos ámbitos, siendo uno de los principales el educativo”, apunta.

En esa línea, agrega que “indudablemente el acceso a la educación está contemplado como un derecho por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero la educación integralmente inclusiva encuentra sus lineamientos normativos con relevancia mundial con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); un tratado internacional de derechos humanos aprobado por las Naciones Unidas en el año 2006, ratificado por Argentina en 2008 y que goza de jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014 mediante ley nacional N° 27.044. En su artículo 24, la Convención obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quienes los requieran, y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes, reconociendo su derecho a la educación, bajo el objetivo de efectivizarlo sin discriminación y sobre una base de igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles con miras a desarrollar plenamente su potencial humano, el sentido de la dignidad y la autoestima”.