El Gobierno busca una disminución del 0,6% del gasto público, a través del acuerdo con el FMI. Argentina deberá destinar US$ 3.000 millones menos a los subsidios energéticos que en 2021. Para lograrlo, el Poder Ejecutivo propondrá una suba de tarifas de luz y gas "progresiva", con distintos incrementos.

El incremento promediará el 59% entre los tres grupos tarifarios a los que se aplicará.

El ministerio de Economía impulsará un aumento de entre 42% y 45% en las tarifas de luz y gas para todo el país. Ese será la suba generalizada para la mayoría de los clientes. En el caso de poseedores de tarifa social será menor (alrededor del 22%), mientras que para sectores de mayores ingresos será mucho mayor, en torno al 200%.

El Poder Ejecutivo propondrá una quita de subsidios "total" al 10% de consumidores ubicados en zonas de mayor poder adquisitivo. Pagarán un 200% más que ahora en el caso de la luz. Y se analiza que también se aplique ese aumento en el gas.

Para lograr ese objetivo, la secretaría de Energía debe convocar a nuevas audiencias públicas. Las tarifas recién estarían modificadas desde mayo.

El Gobierno ya reglamentó un aumento del 20% en el caso de luz y gas desde marzo. Para llevar el incremento del 20% al 40% también debe convocar a audiencia.

Economía definió que el incremento "total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior". Como ese indice (de crecimiento en los sueldos del sector privado) arrojó un 53% en 2021, el aumento de 2022 debería estar en torno al 42% al 45%.

Las excepciones irán para los segmentos de menores ingresos -"tarifa social"- y los de mayor poder adquisitivo.

Los  beneficiarios de la tarifa social tendrán un incremento "equivalente al 40% del CVS del año anterior", según Economía. Eso da alrededor del 22%.

"Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos", detalló Economía.

Todavía quedan pendientes varias definiciones. La segmentación tarifaria es una de ellas. La realizada por el Enre -en base a geolocalización, en barrios de mayores ingresos- es la única que está disponible.

Allí se quitan los subsidios al costo de la energía eléctrica -el de mayor incidencia en la factura- a los residentes de zonas cuyas viviendas poseen la mayor valuación inmobiliaria. Eso conduce a un aumento que no baja del 200%.

Pero a Guzmán no termina de convencerlo ese esquema e imagina un nuevo programa de segmentación, en cuya elaboración lo ayudarían equipos del FMI.

La segmentación hecha hasta ahora solo comprende las tarifas de luz. Pero también podría aplicarse en gas, según una recomendación que hicieron funcionarios del área energética.

Además, si lo que se pretende es que las subas sean en todo el país, se requerirán nuevos mapas de posibles segmentaciones en ciudades del interior. En el "borrador" del entendimiento con Guzmán, se hablaba de nueve centros urbanos más.

El Enre -regulador eléctrico- ya venía haciendo ese trabajo en ciudades bonaerenses (La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca). Para acceder a datos de otras provincias (Córdoba, Mendoza, Santa Fe), necesitará la colaboración de esas provincias.

La suba promedio de las tarifas es del 59%, según el economista Fernando Marull, socio en FMyA. Ese cálculo está hecho con un aumento del 23% para el 10% de hogares alcanzados por tarifa social, con un 45% de suba para el 80% de los hogares que pagan boletas promedio, y el 200% para el decil de mayores ingresos.

El diputado y economista Luciano Laspina calculó un promedio superior, de 86%, pero incluyó a usuarios industriales.

Los subsidios energéticos representaron US$ 11.000 millones en 2021. Los costos de la energía están en aumento por el conflicto en Rusia. El FMI lo reconoció en la conferencia donde se refirió al acuerdo.

Según estimaciones de consultores, este aumento del 60% no alcanza a corregir el rumbo de los subsidios, ya que los costos están creciendo a ese nivel.

El FMI dijo que colaborará con Argentina para que el país  tenga menos dependencia de las importaciones, a la vez que recalcó que cree en los ahorros que genera el  plan Gas. Ese mecanismo permite pagar el fluído de Vaca Muerta a un valor mucho más bajo que si se importa.