El Gobierno nacional libertario avanza con las privatizaciones con una estrategia similar a la de los '90, pero con una nueva herramienta: la división de una concesión en ocho o más compañías. En cuanto a ferrocarriles, adelantó que planea iniciar por el Belgrano Cargas y luego seguir por los de pasajeros.

Después del dictamen que obtuvo el Gobierno para privatizar Aerolíneas Argentinas, con apoyo del PRO y parte de la UCR, planea eliminar del Estado empresas que no había incluido al listado de la ley bases que el Congreso aprobó. 

El Estado Nacional tiene participación en más de 100 empresas, en la actualidad,  donde es dueño o accionista mayoritario de 34 de ellas. A su vez, es accionista minoritario en algunas de las compañías privadas más importantes del país, con la posibilidad de designar directores.

De las 32 empresas públicas, envían información a la Oficina Nacional de Presupuesto desde el  último trimestre de 2023, donde se mostró que 21 registraron superávit financiero, lo que implicó que tenían más ingresos que gastos. Durante el gobierno de Javier Milei esa cifra se redujo a sólo 12 para el primer trimestre, de acuerdo a los balances contables analizados por el observatorio OCIPEx.

Producto de la motosierra, las transferencias del Tesoro a las compañías estatales pasaron del 0,7% del PBI al 0,4% este año. Tuvieron un recorte del 46% en las transferencias, donde tres de cada cuatro pesos recortados fueron de ENARSA. Esto se debió a la menor necesidad de importaciones de gas gracias a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y a la quita de subsidios a los usuarios de gas de red. “Contra la lógica del mantra libertario, la herencia de un Estado que impulsó el desarrollo nacional a través de sus empresas fue la que le permitió reducir el 75% de las transferencias”, sintetizó el centro de estudios.

Desde el bloque libertario, otra de las empresas públicas en la mira para la privatización es El Belgrano Cargas. En 1999 se le otorgó por contratación directa la concesión Belgrano Cargas a la Unión Ferroviaria, conducida en ese entonces por José Pedraza, quien falleció en 2018 condenado por el crimen de Mariano Ferreyra. Por la falta de inversión, se declaró la emergencia ferroviaria en 2006. En 2008 se inició el proceso para finalizar la concesión y en 2013 la administración de Cristina Kirchner creó la empresa pública Belgrano Cargas.

“El deterioro era tal que sólo el 45% de la traza era utilizable, los trenes circulaban a 15 kilómetros por hora y se redujo de 5 a 2,5 millones de toneladas transportadas entre finales de los 90 y su nacionalización”, recordó el último informe del observatorio OCIPEx.

La recuperación se suspendió durante la gestión de Mauricio Macri, pero se intensificó en la de Alberto Fernández. Sin embargo, los datos oficiales y de libre acceso difieren que para 2022, la estatal Trenes Argentinos Cargas aumentó 57,4% el transporte de mercaderías en tres años, mientras se recuperaron 1.500 kilómetros de vías de estos ramales, de acuerdo a los registros del ex Ministerio de Transporte. En 2021 y 2022 se superaron los 8 millones de toneladas transportadas durante dos años consecutivos, niveles récord que no se registraban desde 1992, cuando la compañía estaba en manos públicas. Las comparativas con 2023 quedan inutilizadas estadísticamente por la sequía que sufrió el campo, principal consumidor de los servicios ferroviarios.

Tal como anunció el gobierno de Milei, la empresa logró superávit en 2024. Esto lo obtuvo a partir del despido de 119 trabajadores y tras dejar de invertir en el mantenimiento y ampliación de las vías. Sus ingresos, una variable sustancial, se mantuvieron estables respecto años anteriores.

Aun a pesar de que la empresa demuestre que esta mas que capacitada para generar ganancias, el ejecutivo nacional iniciará las privatizaciones con el Belgrano Cargas. “El proceso inicia ahora porque luego de haber analizado la situación con la que nos encontramos y las alternativas posibles, definimos un camino a seguir, eso es el disparador de este proceso”, transmitieron desde la Secretaría de Transporte, y agregaron que “se va a licitar por separado, por un lado, la concesión de lo que es la administración; por otro, el mantenimiento de la infraestructura; y, por último, y por separado, la operación. Son los tres grandes segmentos que van a ser concesionados por separado para promover también un modelo distinto al de los noventa”, explicaron desde la oficina de Franco Mogetta.