El voto de nuestro país se produjo en el marco de la conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas, que se desarrolló la semana última en Dubai.

El artículo más polémico del acuerdo dice: "Los Estados Miembros deben tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de comunicaciones masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicación. Se alienta a los Estados Miembros a cooperar en ese sentido".

Esta posición, encabezada por China y Rusia y que avaló la Argentina, fue acompañada por el voto de 89 países, entre los que están Irán, Sudáfrica, Colombia, Uruguay, Chile, Cuba, Venezuela, México, Paraguay, Alemania, Italia, Holanda, España Suecia, República Checa, y varios países de Africa, entre otros.

La controversia estaba en el aire incluso antes de iniciar un encuentro, que muchos sabían se aprovecharía para tratar el peliagudo tema del control de internet.

Por un lado, tenemos a China y Rusia, entre otros, preocupados porque el alma y motor de algo tan importante como la red global siga en manos de compañías y organismos de origen estadounidense (aunque la Icann es hoy una institución internacional). Mientras por otro están los que, a pesar de compartir las mismas preocupaciones, prefieren secundar a Estados Unidos y mantener intacta una red que consideran funciona bien tal y como está. Pero en definitiva, el fin último de la reunión era actualizar unas regulaciones internacionales en telecomunicaciones escandalosamente obsoletas.

La firma del tratado supone que este reglamento internacional entra en vigor en el país firmante, pero según aclaró la UIT éste no afecta el actual sistema de administración de internet y, en todo caso, las decisiones últimas sobre las políticas aplicadas a la red de cada país la tienen sus respectivos gobiernos.

De hecho, y tal como aclaran en la Fundación Vía Libre , "el documento finalmente firmado no modifica la definición de telecomunicaciones, dejando Internet afuera del tratado tal como estaba" desde 1988.

Argentina votó a favor pero con una reserva general, que le de margen de maniobra para hacer enmiendas hasta que se ratifique el tratado.

No obstante, sobre el primer punto no comparten la misma opinión Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Costa Rica, quienes interpretan que artículos como el 5B del tratado, dan cierta vía a futuros planteamientos donde un organismo internacional, en este caso la UIT, tuviera autoridad para coordinar acciones conjuntas, supuestamente dirigidas a minimizar el impacto de ataques cibernéticos o el envío de correos basura.

Para los más puristas defensores del status quo de la Red, cualquier insinuación de este tipo es inviable, y alegan que un apartado semejante podría fomentar la censura, y suponer el principio del fin de la red tal y como la conocemos.

Independiente de que se apruebe o no este tratado, los gobiernos de algunos países ya cuentan (y usan) herramientas que les permiten controlar de algún modo Internet. Pero lo que no quieren los defensores más férreos de la Red libre es un tratado que siquiera insinue una violación de un sistema de gestión de la red basado en lo que se conoce como multistake holder. Este sistema se basa en trabajo conjunto entre sociedad civil, sector privado, sector público, medios de comunicación.