Diez años después del derrumbe en la mina San José, en la región de Atacama, que dejó a 33 mineros atrapados durante casi 70 días, la empresa responsable salió impune mientras la mayoría de los afectados malvive con pocos recursos. Sin embargo, los esfuerzos por garantizar una mejor seguridad en los sectores mineros del país se han hecho notar.

El jueves 5 de agosto de 2010, poco después de la hora del descanso, un deslizamiento de tierra al interior de la mina de cobre de San José, situada en la región de Atacama, en el norte de chile, enterró a unos 700 metros de profundidad a 32 mineros chilenos y a uno boliviano que tenían entre 19 y 63 años.

Pasaron 17 días hasta que los equipos de búsqueda dieron con ellos y pudieron anunciar que estaban vivos. Para entonces, la noticia ya le había dado la vuelta al mundo y su rescate, concluido a los 69 días del accidente y llevado a cabo por un conducto de 66 centímetros por el que salieron todos los sobrevivientes, fue seguido en vivo a lo largo y ancho del planeta.

Su resiliencia y tenacidad para soportar el encierro, el hambre y las malas condiciones fueron aplaudidas. Les ofrecieron viajes, un empresario donó le 10.000 dólares a cada uno y algunos aceptaron las invitaciones de múltiples programas de televisión para ser entrevistados. Incluso Hollywood compró y llevó su historia a la gran pantalla con la película ‘The 33’ en el año 2015.

Sin embargo, la fama no duró mucho. La gran mayoría de los 33 sobrevivientes no ha vuelto a trabajar en la minería y muchos de ellos viven de una pensión estatal que ronda los 400.000 pesos, unos 520 dólares, la mitad de lo que cobraban en el yacimiento.

Tras ocho años de procedimientos, los tribunales condenaron al Estado chileno a pagar una indemnización de 110.000 dólares e inhabilitaron a la Minera San Esteban, donde se produjo el accidente. Pero el Gobierno apeló la decisión de la Justicia por considerar que algunos de ellos ya estaban recibiendo pensiones o que habían conseguido dinero de instituciones privadas.

Con origen humilde, una vez pasado el momento de fama, muchos de ellos han quedado todavía más limitados que antes. Varios denuncian la reticencia de los empresarios mineros a contratarlos nuevamente por considerar que no podrán soportar el estrés o por miedo a que los demanden.

"Fui a buscar trabajo, pero cuando descubrieron quién era, me cerraron las puertas", asegura Jimmy Sánchez, el más joven del grupo, quien llegó a la mina a los 19 años sin haber terminado los estudios de secundaria. Muchos de ellos, a pesar de lo ocurrido diez años atrás, están dispuestos a retomar el trabajo ante la falta de oportunidades.

Pese a todo, el accidente, del que la empresa San Esteban salió impune, marcó un punto de inflexión en los estándares de seguridad de la poderosa minería chilena, una industria que en la última década registró exportaciones por valor de 42.000 millones de dólares, según datos de la Comisión Chilena del Cobre.

El país austral aglutina el 28% de la producción mundial de cobre y es el primer productor mundial de ese metal. En 2019, Chile produjo 5,7 millones de toneladas, de las cuales gran parte salió de la operación de gigantes como BHP, Anglo American, Codelco o Antofagasta Minerals, aunque también de muchas pequeñas y medianas empresas.

Desde 2010, tasa de mortalidad ha variado del 0,12 (con 45 fallecidos en ese año) al 0,03 el año pasado (con 14 muertes) y la vigilancia del Servicio Nacional de Geología y Minería, que en 2010 contaba con 14 supervisores y 2.400 investigaciones, se amplió a 60 agentes y 10.500 controles en 2019.

Los datos implican una disminución del 75% de las muertes y ha llevado a Chile a consolidar sus políticas de seguridad a escala internacional. Sin embargo, los sindicatos señalan que aún son frecuentes los accidentes y las muertes -el último fue hace dos semanas y dejó dos fallecidos- y coinciden en la necesidad de ampliar el rol de las agencias estatales para ayudar a supervisar los riesgos, especialmente entre la pequeña minería.