Tras los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores, tanto a favor como en contra de la minería, en el Ejecutivo mendocino analizan cambios en el articulado de un nuevo Código de Procedimientos Mineros. La intención es convertir a la actividad en política de Estado con el aporte de todos los sectores involucrados.

Mendoza se propone desde hace meses tomar a la minería como una actividad productiva que se sume al andamiaje industrial y turístico que ya posee, de la misma forma que lo hacen en la actualidad diversos países en el mundo.

En ese contexto es que hubo coincidencia en el cuestionamientos al artículo 4° del proyecto, el cual deroga la ley 3.790, referida a la creación de la Dirección de Minería y que, de paso, significa la eliminación del Consejo de Minería. Recalcaron que no fue la acción del Consejo ni la Dirección de Minería que la que frenó las inversiones mineras en Mendoza, sino que recordaron lo que ha generado la Ley 7.722 durante más de 15 años.

En la apertura de las exposiciones, el titular de la Unión Industrial de Mendoza, Matías Díaz Telli, destacó lo valioso de debatir sobre minería y pidió que la discusión sobre el desarrollo de la actividad se mantenga.

Criticó la celeridad con la que se le quiere dar tratamiento al código y cuestionó la eliminación del Consejo de Minería. En segundo lugar estuvo la exposición del presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), Raúl Rodríguez, quien se centró en aspectos técnicos y jurídicos.

Recalcó que hay incongruencias notorias, desde el momento en que el artículo 4° se elimina la Dirección de Minería, pero se la sigue mencionando en el resto del proyecto. Además, apuntó al artículo 38°, el cual apunta a que  en las áreas que queden libres por distintas razones, tendrá prioridad Impulsa Mendoza, cuestión que -según explicó Rodríguez- va en contra de lo que indica el Código de Minería de la Nación y -por lo tanto- caería en una situación de inconstitucionalidad.

En el oficialismo señalaron que se tomaron modelos de otras provincias para definir el modelo que están aplicando e insistieron con el argumento que indica que buscan evitar negocios inmobiliarios.