Hoy podría conocerse, a ciencia cierta, si se harán realidad las amenazas de judicializar el proceso que, en el supuesto que las elecciones provinciales sean convocadas para marzo, terminó con la sanción de la Ley de suspensión transitoria de las PASO. Los dirigentes de Cambiemos, aún divididos por situaciones de conocimiento público, han coincidido que no puede haber convocatoria para marzo porque los plazos legales se vencieron el 27 de noviembre cuando, efectivamente, todavía estaban vigentes las primarias que se anularon 72 horas más tarde.

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El planteo que llegaría a la Justicia sería el mismo que expresaron los legisladores de la oposición en el recinto. O sea la inconstitucionalidad de la Ley y su aprobación anómala por haber recibido agregados imprevistos. Sobre estas posturas, hay que destacar que resultó vital la declaración del doctor Guillermo Cerda, la cual fue estampada en los principales medios mientras se desarrollaba la sesión. El juez electoral aseguró que los plazos de Corpacci estaban vencidos. Su expresión fue aprovechada por la oposición, pero la verdad es que dijo algo más, lo que no fue bien reflejado por los mismos medios. Veamos.

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Cerda indicó que estaban vencidos los plazos, tal como lo publicó este diario en las ediciones de los días martes y jueves de la semana. Pero, inmediatamente, aclaró que con la Ley que estaba a punto de aprobarse, cambiaba el escenario jurídico y la situación se tornaba opinable y sujeta a un análisis complementario, que es lo que seguramente hará si la denuncia llegue a su escritorio. En esa perspectiva, adelantamos la postura del gobierno. Dirá que el artículo 15 de la ley de PASO, que habla de plazos, no existe en razón de que, oportunamente, fue vetado y su texto sustitutivo rechazado por el Frente Cívico. Rematará diciendo que, aun sin ley, el gobierno estaba en condiciones de llamar a las PASO con 60 días de antelación, en lugar de los 120 que reclaman los adversarios. ¡Cuestión de leguleyos!

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