En el primer semestre de 2018, cuando todavía no había sido expuesta la poda nacional de subsidios a las provincias, ya los empresarios del transporte de Catamarca elevaban quejas orientadas a plantear, si no había más ayuda oficial, la inviabilidad del servicio. De hecho, se produjeron despidos con causa y sin causa, pero en la mayoría de los casos los damnificados tardaron en recibir las reparaciones de ley. Ahora, en 2019, esa situación se puede llegar a multiplicar y habrá que ver cuál es el punto de equilibrio de un servicio que resulta vital para el tracto ciudadano.

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Hoy, la situación es el doble o el triple más grave que el año pasado. La conducción nacional, en procura del famoso déficit cero (al parecer se lo intenta lograr con la plata de la gente y no con el ahorro verdadero del Estado), ha cortado de cuajo la ayuda con la cual los empresarios no solamente pagaban el gasoil, sino que se ayudaban para afrontar las cargas salariales. En pocas palabras. Si la provincia no hace aportes, el transporte desmejorará y se sumarán personas al ejército de desocupados que vienen dejando las fábricas y la industria.

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Para el miércoles, si antes no se alcanza una solución, habrá paro de transportes, algo que no ocurría desde la década del 90, casualmente cuando regía un plan económico parecido al de estos tiempos. Más allá de las partes en disputa, queda claro que hay que enfrentar la situación y, pensando en el usuario, cada parte tendrá que aportar lo suyo. La provincia para compensar lo que las empresas ya no reciben y, éstas últimas, acomodándose a la realidad virtual de la economía. Pensar en el aumento del boleto será un punto clave, pero de ninguna manera se lo puede establecer sin pensar en los flacos bolsillos del trabajador. Si en el área metropolitana se cobra alrededor de $16 para el boleto urbano, aquí no se puede imaginar un aumento del 30%  por sobre ese número. Sería criminal para el ciudadano.