Pasan los años y los gobiernos, el poder político cambia de manos y de partidos, la tecnología avanza y la realidad se modifica, pero perdura un problema que hasta aquí nadie acierta a resolver: la lentitud de la Justicia.

Aquel viejo dicho popular que sugiere que “es preferible un mal arreglo a un buen juicio” mantiene plena vigencia, y la institución judicial incrementa sin prisa y sin pausa un descrédito alimentado por sus propios protagonistas.

Desde abogados a jueces, es unánime el reconocimiento de las dificultades y falencias crónicas que entorpecen o impiden el normal funcionamiento del Poder Judicial.

La estructura de este poder estatal en Catamarca es enorme, pero responde a una organización deficiente, desactualizada, burocrática, poco funcional y a todas luces insuficiente.

No se trata ya de inmiscuirse en mecanismos corruptos que pueden existir como en cualquier otra organización, sino de un sistema que, tal como está diseñado, no alcanza a responder a las demandas de la comunidad, ni logra cumplir el rol que se le asigna.

La cúpula de ese poder es una Corte de Justicia que en 2016 creció de tres a cinco integrantes, y el año pasado aumentó a su vez de cinco a siete miembros, incluyendo un presidente, un ministro decano y cinco ministros vicedecanos.

Pero debajo de esa punta de iceberg hay un organigrama infinito que abarca secretarías, superintendencias, juzgados, fiscalías, defensorías, registros, cámaras, todo multiplicado por los fueros penal, civil, criminal, laboral, correccional, comercial, etc., y en sus diferentes instancias y nominaciones, además de la Policía Judicial, Cuerpo Forense... alcanzará con decir que, excluyendo a los empleados, la sola mención de las autoridades del Poder Judicial, se registra en un documento del sitio oficial juscatamarca.gob.ar que cuenta… con 38 páginas. Sólo nombrando a las autoridades.

La pandemia

Todos los problemas se agudizaron y profundizaron con la pandemia del coronavirus, que vino a complicar todavía más el panorama. Pero en este punto sería tan necio negar la influencia de la pandemia en el funcionamiento judicial como desconocer que la ineficacia y lentitud son muy anteriores, y no se relacionan directamente con esta coyuntura.

Podrán conocerse y citarse casos de desidia o negligencia, pero tampoco allí se encontrará una respuesta absoluta: quienes tienen responsabilidad de llevar adelante causas y trámites coinciden en definirse como desbordados y saturados.

Nobleza obliga, debe señalarse que no es un problema exclusivo de Catamarca. La crisis se replica en cada provincia y también a nivel nacional.

Hace pocos días, asociaciones de abogados laboralistas denunciaron la “parálisis” de la Justicia Nacional del Trabajo, donde se dirimen principalmente las controversias entre trabajadores y empleadores.

También en la última semana, dirigentes de los organismos de derechos humanos se reunieron con los senadores del Frente de Todos para expresarles su preocupación por la dilación en la resolución de las causas por delitos de lesa humanidad y por la demora de la Corte Suprema en la revisión de las condenas y confirmación de las sentencias.

De la Corte Suprema hacia abajo, todo está cuestionado, y el tenor de las quejas es siempre igual: se denuncia la ineficiencia en el funcionamiento de la Justicia. Hubo múltiples pedidos para solicitar al Congreso Nacional mayor celeridad en la decisión de acordar leyes que hagan viable una profunda reforma judicial.

La gravedad

La gravedad del tema radica en que la Justicia desempeña un rol esencial en la vida institucional y civil. Desde crímenes hasta actos de corrupción, desde el reclamo de una cuota alimentaria hasta un trámite de adopción, operaciones comerciales, litigios particulares, todo requiere de fallos cuyo impacto dista enormemente si llega varios años después de lo esperado.

El catedrático Pablo Ciocchini analizó en profundidad el efecto de la demora y su relación con el acceso a la justicia.

Menciona como factores a considerar el incremento de la conflictividad social, fruto de los profundos cambios en la situación económica-social que ha sufrido el país y un incremento poblacional a un ritmo mayor del crecimiento de los recursos humanos y materiales de la institución judicial, los cuales “han llevado a una administración de justicia históricamente burocrática y lenta al colapso”.

Allí surge el drama, porque “la eficiencia y la efectividad de la tutela judicial requieren que la intervención judicial sea oportuna, ya que de lo contrario las consecuencias del conflicto que la demanda ya no pueden ser revertidas”. Es lo que el ciudadano común resume diciendo que “justicia lenta no es justicia”, y la razón le asiste.

Tampoco se puede exigir una justicia exprés que todo lo resuelva de manera automática. Los expertos sostienen que el tiempo ideal del proceso será aquel en el que se armonice la rapidez con el tiempo necesario para la protección de los derechos de todos los intervinientes en el proceso. Denominan este tiempo como “morosidad necesaria”.

Se llega de esa manera a la necesidad de evaluar con qué herramientas cuenta el Poder Judicial para desarrollar la tarea que se le requiere.

El término demora tiene una connotación negativa que no permite entender las razones detrás de las variaciones en los tiempos de resolución de los procesos. Para evitar esta carga negativa los abogados no hablan de demoras sino de “ritmos procesales”.

Las consecuencias

La delicadeza del asunto se advierte en que la demora judicial provoca graves injusticias, a veces enormes, con lo cual el Poder Judicial termina por actuar exactamente en el sentido contrario al definido por su esencia.

La problemática de la demora adquiere un mayor dramatismo en los casos en los cuales quiénes reclaman el reconocimiento y la efectividad de sus derechos se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Mientras que otros sectores sociales pueden recurrir a soluciones alternativas, o enfrentar el conflicto movilizando otros medios, los sectores en situación de vulnerabilidad social no disponen de otra opción: si la Justicia no les da una respuesta, simplemente no la tendrán.

La demora judicial encarece además el proceso para estos sectores y los somete a convivir con la situación de conflictividad. En los casos en que intervienen los juzgados protectorios, tanto en aquellos donde existen conflictos de violencia intrafamiliar como en los que existen personas con problemas de salud mental, la demora en actuar implica prácticamente denegar justicia.

La Justicia no es una entidad abstracta, ni un concepto etéreo: es producto del desempeño de las personas que la administran, y sin entrar en juicios de valor personal, hoy están presos, quienes la ejercen y quienes la demandan, de un sistema caduco e ineficiente.

Ya no queda entonces margen para rechazar reformas, sino para definir y aplicar la reforma que resulte más efectiva para saldar esta cuenta pendiente.

El Esquiú.com