Después del largo conflicto institucional que, por más de un año, dominó el escenario político de Valle Viejo, finalmente mañana podría regresar la normalidad. Paradójicamente, la armonía estaría apareciendo en vísperas de la elección de medio término que, en tierra chacarera, pondrá en juego dos bancas de concejal: las de Carlos Alberto Luján (Cambiemos) y Alberto Barrionuevo (Frente Justicialista para la Victoria). Conforme a los anuncios previos, harto probables, el cuadro de autoridades quedará conformado de acuerdo a lo que prevé la Carta Orgánica que, taxativamente, indica que la presidencia del cuerpo será ejercida por un representante del partido o alianza que haya ganado la última elección. En esta situación hay que considerar al Frente de Todos, vencedor de Juntos por el Cambio en octubre de 2019, cuando consagró electos concejales a Sergio Figueroa y Belky Penisse. Esta última, finalmente, sería la cabeza visible del Concejo Deliberante, secundada por Figueroa. La jefatura del bloque oficialista, por su parte, quedaría para Ana María “Pelusa” Lobos, quien en calidad de candidata electa suplente reemplazará a Alberto Barrionuevo hasta diciembre del presente año.

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Hablando de Barrionuevo, el popular “Abeto”, hay que recordar que fue quien motorizó las irregularidades que se sucedieron a partir de diciembre de 2019. Lejos de reconocer que la actual intendenta, Susana Zenteno, le propinó una verdadera paliza electoral en la interna peronista, hizo alianza con las huestes de Gustavo “El Gallo” Jalile -los concejales Javier Espinosa y Carlos Luján- y, en contra de la Carta Orgánica, se hizo elegir presidente del cuerpo, desde donde vapuleó todas y cada una de las iniciativas de Zenteno. Por ejemplo rechazó del presupuesto municipal o las reiteradas propuestas para el nombramiento del fiscal municipal, cargo que hasta el presente no tiene un titular con todas de la ley. Por suerte, aunque fuera tarde, la Corte de Justicia desconoció la presidencia de “Abeto” y ante la imposibilidad de mantenerse en el cargo canjeó un año de concejal por un puesto en el ámbito de la Secretaría de la Vivienda. Sin dudas, fue el principio del fin de su carrera política, al menos dentro del peronismo, donde se lo reconoce como un traidor que, con Jalile, negoció en contra de los intereses del partido que le había permitido llegar a la banca. 

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Paralelamente a los acuerdos del oficialismo, quien luchó a brazo partido por mantener las discordias políticas en Valle Viejo fue el concejal Javier Espinosa (Juntos por el Cambio), que ejerce temporariamente la presidencia en el tiempo de receso. Para ello trató de utilizar a “Pelusa” Lobos, suplente de “Abeto”, proclamando que la dupla Penisse - Figueroa acaparó los cargos principales y a ella la dejaron con las manos vacías. De esta forma, textualmente, dijo “el acuerdo es un burla a Pelusa Lobos. Le ofrecen un cargo que no existe -jefa del bloque del Frente de Todos- y parece que nos tratan de tontos. Nosotros -por los radicales- pretendíamos llegar al acuerdo con consenso general” y fustigó a Belky Penisse porque, según su particular visión, bien machista, “recién comienza en la política”. También el hijo del ministro de la Corte, “Pepe” Cáceres, considera que el cargo de jefa de bloque que le darían a “Pelusa” Lobo, es una migaja que no está en la Carta Orgánica. Obviamente que se trata de una de las tantas torpezas de este concejal. El cargo al que alude, es cierto que no está en la Carta Orgánica, como no lo está en ninguna Carta Orgánica ni en ninguna Constitución, sea provincial o nacional. Simple y sencillamente es una distinción que se otorga a un concejal, un diputado o un senador para que, políticamente, conduzca el bloque o negocie con la oposición. Por lo tanto, no se trata de una graciosa canonjía, sino de una alta responsabilidad para quien es elegido o elegida y únicamente se le exige como requisito formal ser concejal.

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La elección interna radical, si se le puede llamar así a un acto que fue programado para completar requisitos legales y que se sabía de antemano -tal como lo anticipó El Esquiú en su momento- no iba a permitir el voto de los afiliados, trajo este año problemas impensados. No solamente se dejó “fuera de la cancha” a quienes pretendían discutir cargos partidarios en las urnas, sino que generó una polémica impugnación a quien fuera presidente del comité Capital y pretendía seguir en el mismo puesto: el médico Roberto Gómez. La acusación, no probada por la Justicia, obligó al excandidato a gobernador a renunciar al cargo, situación que partió en dos mitades a la UCR. Las mujeres de la impugnación fueron suspendidas por el Tribunal de Disciplina por cinco meses y como “devolución de favores” a la diputada Juana Fernández -defensora acérrima de Gómez-, del mismo bloque radical, se filtró a los medios de comunicación la información que tenía una hija que residía en Córdoba, pero figuraba en las planillas de la Legislatura catamarqueña como asesora de bloque. Fernández, que tiene larga experiencia, sabe perfectamente que se trató de una maniobra rastrera de un colega suyo que, en nombre de su círculo político, buscó perjudicarla y exponerla ante la sociedad.

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Lo de Juana Fernández fue el último culebrón de la interna trucha del 7 de febrero, pero la historia no terminaría allí. La diputada tendría varios ases para jugar en los próximos tiempos cuando se resuelvan las candidaturas para las PASO o la elección general de octubre. Prácticamente todos los miembros del bloque, según nos confiaron con datos incluidos, tendrían privilegios inaceptables para quienes dicen defender a Yrigoyen, Illia o Alfonsín, verdaderos arquetipos de la decencia. Lo más grave es que esos datos podrían salir a la luz agregando “más combustible” a los fuegos que recalientan la interna del partido de oposición. Y la situación podría llegar a la máxima turbulencia a la hora del reparto de candidaturas, si es que no se realiza en las PASO provinciales “la interna que no fue”.

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Durante la semana que pasó, de manera diversa, los medios de prensa dieron cuenta de la solución que se logró para el conflicto que mantenían los empleados de la COTALI, la vieja cooperativa que durante décadas fue la fuente lechera de los catamarqueños. Las negociaciones fueron llevadas adelante por el ministro Aldo Sarquís que, lejos de aplicar el discurso de reducir el déficit fiscal de la provincia, consiguió una pírrica solución que dejó chocho a los trabajadores. Cómo no iban a estar chochos si el funcionario les prometió que, a partir de ahora, se regirán por el Estatuto de los Empleados Públicos, tendrán estabilidad y la obra social que conduce Norberto Bazán. Es decir, pasarán a ser empleados públicos a cambio de seguir produciendo una cantidad  equis de litros de leche. Con el criterio empleado por Sarquís, a fuer de sinceros, se podrían remediar muchos dramas empresariales, los que podrían sobrevenir después del “antecedente Cotali”. Claro que sería al costo de reventar el presupuesto, algo que de ninguna manera quiere el gobernador Jalil.

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El plan de vacunación que lleva adelante la provincia, al menos hasta ahora, ha generado conformidad, especialmente en los adultos mayores. Si bien es lento, lo cual depende de la provisión que ejecuta la Nación, se destaca el buen trato, la consideración y el respeto por los mayores. Por encima de esta realidad, el diputado Tiago Puente ha exhortado al gobernador Jalil a comprar vacunas para lograr resultados más efectivos, o sea menor cantidad de infectados y de casos letales. La propuesta, de cumplimiento imposible -por razones esencialmente políticas-, no tiene nada de original y no se trata de otra cosa que seguir la lectura de medios nacionales que hacen lo indecible por desacreditar al gobierno, libreto que siguen como loros los miembros de la oposición, donde se anota el joven Puente.

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De antaño, se sabe que la infraestructura provincial para la provisión de agua -potable y de riego- es frágil y requiere de inversiones que, por sus elevados costos, se llevan a cabo a ritmo de tortuga. Por ello precisamente, que se haya dispuesto un aumento de $300 por boleta es apenas un aliciente menor para intentar acelerar los ritmos de obra. Ponderar la medida como un tarifazo de los que se sabían aplicar no hace mucho tiempo es, claramente, una gran falacia.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque insertamos hechos políticos del pasado.
En diciembre de 1995 y desde hacía varios meses atrás, en Catamarca la discusión excluyente en materia política pasaba por la elección de los dos senadores nacionales que, en aquel tiempo, los elegía la Asamblea Legislativa. En ese sentido, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación le comunicaba al vicegobernador de Catamarca, Simón Hernández, que debía enviar los nombres de los elegidos en la sesión del 10 de octubre: Ramón Saadi (Partido Justicialista) y Oscar Castillo (UCR). Este último decía que la aludida comisión no tenía facultades para exigir nada y que la condición para elegir los senadores era que “el exgobernador no sea el candidato”. En pocas palabras, el hoy senador se inmiscuía en la interna peronista que había elegido a Saadi en un congreso partidario desarrollado en Recreo. Por ese motivo, los exdiputados provinciales Víctor Uriarte, José Vicente Bize, Ana Castro, Daniel Barros y Jorge María Ponferrada viajaban a Buenos Aires para ratificar en el Senado que la “candidatura de Saadi era innegociable”. Después de estos escarceos iban a venir grandes incidentes.

El Esquiú