Radicales reactivados

A cuatro meses de la mayor catástrofe electoral de su historia, el radicalismo catamarqueño retomó el trabajo partidario con un encuentro que puede catalogarse de positivo, en principio, porque participaron representantes de todas las líneas internas, una señal de que todos comprendieron la necesidad de dialogar y reordenar la fuerza. El presidente Alfredo Marchioli acertó con la convocatoria y eligió adecuadamente un discurso conciliador e integrador, sin ataques ni descalificaciones a quienes amagaron con iniciar una estampida tras la derrota de octubre, que ubicó a la alianza que aquí lidera de la UCR en tercer lugar, detrás del oficialismo peronista y la novedad libertaria. Marchioli ratifica así la templanza que lo ha caracterizado en diversas oportunidades. Por caso, ganó en las urnas la conducción del partido el año pasado, pero a la hora de armar las listas de candidatos lo ignoraron alevosamente, y ni siquiera lograron consensuar una lista única para competirle al justicialismo. Se sabe, la salvaje interna fue letal para las aspiraciones del conjunto, pero incluso allí Marchioli acompañó. Digerida la derrota en las PASO y en la general, retoma las riendas boinablancas con una mirada razonable. Marchioli parece dar en la tecla en su mensaje cuando habla de la urgencia de “recuperar la identidad”, algo que el radicalismo ha perdido, fundamentalmente, en una alianza con el macrismo impulsada estrictamente por intereses particulares de acceder a cargos y ubicarse en la vereda soleada. Decidido a no repetir errores, ahora Marchioli señala los excesos y errores de la gestión de Javier Milei, sin abandonar el rol opositor que ejerce a nivel provincial. Es al menos una base, un punto de partida, una intención, para tomar un rumbo que deberá ser avalado mayoritariamente en la Convención de fines de marzo. Hasta la reunión del máximo órgano partidario, lo que se pidió es coherencia a los legisladores nacionales, para que piensen dos veces en la doctrina radical antes de “levantar la mano” en el Congreso de la Nación. En tal sentido, las ideas anárquicas de destruir el Estado y otros desvaríos, encuentran a priori el lógico rechazo de los radicales.

Pedido demagógico

Agostina Maza Ibáñez, presidenta de la Juventud Radical, formalizó un pedido para que los beneficios del Boleto Estudiantil Gratuitos queden institucionalizados y consagrados por ley, evitando “incertidumbres” y la necesidad de que el gobernador, en este caso Raúl Jalil, tenga que ratificar su continuidad año tras año. La observación de la joven es correcta, como también los inconvenientes operativos que señaló, como la cantidad de pasajes que se reconocen por día y los horarios, no siempre coincidentes con las actividades estudiantiles. Todo ello está muy bien, pero el tinte demagógico surge cuando busca desde su rama de la UCR levantar las banderas del Boleto Estudiantil, un beneficio que históricamente fue rechazado y negado por los gobiernos radicales en Catamarca. Durante las dos décadas que gobernó el Frente Cívico y Social en la provincia, hubo -no decenas- cientos de petitorios, reclamos y pedidos para facilitar el transporte de alumnos de los distintos niveles sin que represente una carga en las familias trabajadoras. Instituciones como la Red Educativa Solidaria y otras entidades se cansaron de pedirle al radicalismo gobernante que implementara ese boleto, y jamás tuvieron una respuesta positiva. Fue Lucía Corpacci quien anunció el Boleto Estudiantil Gratuito ante la Asamblea Legislativa del primero de mayo de 2015, y el sistema comenzó a funcionar en junio de ese mismo año. Lleva vigente casi una década, siempre con gobiernos peronistas. Si este apoyo se puede mejorar en algún aspecto, bienvenido sea, pero debe reconocerse por qué y por quién está vigente.

Nación vs. Provincias

En la triste y peligrosa batalla entre Nación y Provincias, liderada por los mandatarios patagónicos, Casa Rosada sufrió una severa derrota a manos del gobernador chubutense, Ignacio Torres. Pero a no confundirse, esto es apenas un capítulo del conflicto, que promete extenderse mucho más. Mientras a la vista de todos estarán los cruces políticos y mediáticos, el combate de fondo será en el terreno judicial, que en su primer pronunciamiento le dio la derecha a Chubut. La Justicia federal falló a favor de la provincia ante el reclamo legal y, en su resolución, ordenó al Gobierno nacional suspender el recorte de fondos que les corresponden a ese distrito por la coparticipación, tras lo cual el Gobierno presentó un recurso de per saltum para que el caso sea revisado por la Corte Suprema. Per saltum es un recurso para saltearse instancias. Si ahora el Gobierno nacional quisiera apelar el fallo del juez Hugo Sastre tendría que ir a la Cámara de Apelaciones, pero lo que está haciendo es ir directamente a la Corte Suprema. No se trata de simples trámites, es una guerra judicial declarada que continuará escalando. La medida judicial regirá hasta “hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”. De acuerdo con la ley 26.790 -promulgada en 2012- el per saltum sólo puede utilizarse “en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”. La Corte Suprema, esa Corte que estuvo al borde del juicio político con el gobierno anterior, vuelve así al centro de la escena.

Otra vez sopa

A propósito de Cortes, la local volvió a encender la llama del conflicto, luego del escándalo de fines del año pasado, cuando la pelea por el Presupuesto derivó en una rebelión del Poder Judicial local. Ahora  la Corte de Justicia decidió otorgar un incremento salarial a los trabajadores judiciales de un 15 por ciento retroactivo a enero “sobre todos los conceptos que integran el escalafón de magistrados, funcionarios y empleados”, decisión lógicamente apoyada en la necesidad de atenuar los efectos del avance inflacionario. Hasta allí todo normal, pero los cortesanos mojan la oreja del Ejecutivo al reclamar al Gobierno que envíe más dinero. El pedido de “ampliar las partidas presupuestarias destinadas a la recomposición salarial”, no es más que una reedición de la discusión ya vivida, cuando se movilizó a todos los judiciales con la advertencia de que pago de sueldos y aguinaldos estaban “en riesgo”. El ciclo se vuelve a iniciar: reclamo de dinero por la crisis, enésimo capítulo.

Defensa del BNA

Avanza en todo el país una cruzada simbólica para defender el Banco de la Nación Argentina. Simbólica porque no es más que una expresión de apoyo popular, en rechazo al “decretazo” de Javier Milei que impulsa la privatización del Banco Nación. Trabajadores nucleados en el sindicato La Bancaria iniciaron una campaña de junta de firmas con la que buscan llegar a más sectores de la sociedad para contar con su acompañamiento. La iniciativa surge a partir de la derogación del artículo 9 de la Ley N°23.696 a partir de la cual se habilita la privatización del Banco Nación y su conversión en una sociedad anónima como parte del DNU de fines de 2023 que incluyó un amplio paquete de desregulación y retroceso estatal. Bajo ese contexto, trabajadores nucleados en el sindicato encabezaron asambleas y acciones para remarcar lo que implicaría la pérdida de un lugar estratégico del Estado en el sistema financiero y poder brindar, por ejemplo, asistencia a clientes e individuos desestimados por la banca privada. “El Banco de la Nación Argentina es patrimonio de las y los argentinos y como tal debe seguir una entidad estatal. No solo porque así lo marca la carta orgánica sino porque es la herramienta financiera con la que el Estado debe implementar las políticas públicas necesarias para el desarrollo de su país”, plantearon. Reivindicaron que el organismo es una entidad autárquica, es decir con personalidad jurídica propia, y que no da pérdidas, como argumentan desde el sector de La Libertad Avanza. El Banco Nación tiene más de 700 sucursales en todo el país, y aquí hasta el gobernador Raúl Jalil apoyó con su firma.

El Esquiú.com