La privatización de servicios públicos básicos como Salud o Educación "acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza", advierte un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el documento el organismo multilateral apunta sus dardos directamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) por haber promovido este modelo por "ideología".

El documento, firmado por el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, asegura que se está dando un "tsunami de privatizaciones" en servicios básicos como la justicia, los sistemas de prisiones, la educación o la salud, políticas que "no pueden hacerse a expensas de tirar por la ventana el sistema de protección social".

Alston aseguró que "aunque en teoría la privatización no es ni buena ni mala", su objetivo prioritario es "el beneficio económico, con lo que consideraciones como la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano".

El informe de la ONU apunta directamente al FMI y al BM por "haber promovido agresivamente la privatización de servicios básicos sin que se vean recompensados los derechos de las personas y los más pobres".

"Mientras que los defensores de la privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o que mejora los servicios, la realidad evidencia que muchas veces contradice sus propias justificaciones", aseguró Alston.

"Nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos", advirtió Alston, para quien la privatización "menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales".