La posible excarcelación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocó un tenso ida y vuelta en la corte suprema brasileña, en el que el titular del tribunal suspendió una cautelar dictada horas antes por otro magistrado, que ordenaba la salida de prisión de los condenados en segunda instancia.
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Tóffoli, aceptó la apelación presentada por la Fiscalía General “a fin de evitar una grave lesión al orden y la seguridad” y acabó con la expectativa de la defensa de Lula, que había pedido la liberación inmediata del ex mandatario.
El ex gobernante, preso desde abril pasado por corrupción, tendrá que esperar ahora hasta el final de la feria judicial para ver si será finalmente excarcelado.
La suspensión de Tóffoli tendrá validez hasta el 10 de abril próximo, día en que el plenario del STF volverá a analizar la cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello, consignó la agencia de noticias estatal Brasil.
El fallo de Mello había ordenado la liberación de los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por todos los tribunales superiores, lo que habría afectado a 23,9% de la población carcelaria del país.
La modalidad de detención sin atender las tres instancias había sido inaugurada bajo el control de la operación Lava Jato del juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia designado por el presidente electo Jair Bolsonaro.
El ente acusador recordó en su alegato que este dictamen fue establecido por el propio Supremo en 2016, algo que Mello consideró “inconstitucional” en la cautelar.
El magistrado basó su decisión en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo puede comenzar a ejecutarse una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como “tránsito en juzgado”, que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
Lula ya fue condenado en segunda instancia, pero aún puede presentar recursos ante dos cortes, el Superior Tribunal de Justicia y el STF, por lo que el fallo teóricamente lo favorece.
No obstante, la cautelar precisaba que la excarcelación de los condenados no es automática y que cada caso tendrá que ser analizado individualmente por el juez correspondiente.
Amparado por esa cautelar, el Partido de los Trabajadores (PT) llegó a solicitar formalmente la liberación de su máximo líder, quien cumple desde el 7 de abril la pena de 12 años y un mes a la que había sido condenado en segunda instancia.
“Acabamos de presentar un recurso solicitando el permiso de liberación de Lula”, tuiteó la presidenta del PT, Gleisi Hoffman.
La dirigente añadió que, para acelerar la posible liberación del ex mandatario, el PT renunció al derecho que Lula tiene de ser sometido a un examen de cuerpo de delito antes de ser excarcelado.
Sin embargo, la jueza responsable del caso decidió pedir una opinión a la Fiscalía General.
El Ministerio Público la dio al apelar a la cautelar ante el presidente del STF, único juez en actividad del tribunal desde el comienzo de la feria judicial, quien finalmente le dio la razón.