Mientras llueven las denuncias por asesinatos y violaciones a los derechos humanos en Bolivia, el gobierno de facto de ese país emitió un decreto supremo que le da a las Fuerzas Armadas luz verde para inmiscuirse en la seguridad interior, reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado y quedar “exentos de responsabilidad penal”.
La norma que da impunidad a quienes cometan delitos que transgredan la legislación nacional o la normativa internacional de derechos humanos lleva la firma de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y fue publicada ayer, aunque tienen fecha de hace tres días.

El decreto también pone a disposición de las fuerzas de seguridad locales y nacionales todo el aparato del Estado. Según el texto, “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben presar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales”.

A pesar de la falta de especificaciones, se sobreentiende que en este punto se les concede el acceso a los servicios de inteligencia, el presupuesto para equipamiento y la información y servicios con los que cuente la sumatoria de los ministerios.
El punto más grave del “decreto supremo” reside en el artículo tercero, que explícitamente le da carta blanca al Ejército para reprimir sin que importe si esa actuación transgrede la legislación.

“El personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, añade el texto.

Según la información de los medios extranjeros, este requisito habría sido uno de los condicionamientos que las Fuerzas Armadas le pusieron al gobierno de facto para darle su respaldo.

El “decreto supremo” fue firmado por Áñez y once de sus ministros, entre ellos la de Comunicación, Rozana Lizarraga, que implementó la figura de “sedición” para la prensa internacional que en territorio boliviano hable de “golpe de Estado”.
También puso su rúbrica el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que con total tranquilidad anunció en conferencia de prensa que el gobierno interino lanzaba una “cacería” contra opositores. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí”, dijo.