Luego de que el referente de la Asociación de Trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, Raúl Sequeira, denunciara al administrador del organismo, Dante López Rodríguez, por persecución y amenazas a los empleados que son afiliados al gremio, el administrador dialogó con algunos empleados y les solicitó que conformaran una comisión para trabajar sobre los distintos reclamos. Además esperan la respuesta del secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, quien se comprometió a plantearle la situación a la gobernadora, Lucía Corpacci. En ese sentido, no habrá nuevas medidas de fuerza pero el estado de alerta continúa.
Los agentes solicitan el blanqueo del adicional por Fondo Estímulo, el pago del adicional por años de servicio, escalafón salarial propio, el blanqueo del 20% otorgado el año pasado y un pedido de incremento salarial no menor al 30%.
Al respecto, Sequeira manifestó que “a Gutiérrez le preocupaba la situación de las medidas de fuerza, entonces se comprometió a hablar personalmente con la gobernadora y le iba a transmitir nuestras cuestiones, tomó nota y nos dijo que posteriormente nos diría si tenía novedades”.
Además comentó que “el día viernes el administrador convocó a una reunión de urgencia, donde habló con el personal que estaba en ese momento, que no era el cien por ciento, y le manifestó algunas cuestiones, trató de dar a entender que estaba preocupado intentando resolver las cuestiones pero no hubo soluciones concretas, lo que pidió fue que se conforme una comisión para trabajar sobre la temática de los reclamos de los empleados. De ese modo se aceptó conformar la comisión”.
“Estamos en un compás de espera, por ahora vamos a trabajar normalmente mientras estemos desarrollando el tema de la comisión y ver qué nos dice el secretario de la vivienda. Así que no habrá nuevas medidas de fuerza, pero eso no descarta que nosotros sigamos en estado de alerta dependiendo de las respuestas que obtengamos”, aseguró.
Por último, Sequeira dijo que “a nosotros se nos dijo que son cuestiones que tiene que resolver la gobernadora, lo cual no nos parece así, porque el IPV es un ente autárquico, tiene muchas facultades el administrador como para resolver los planteos”.