Desde Casa Rosada se comenzó a convocar para el jueves, a las 13.00, a los 24 ministros de Economía de las provincias y de CABA para intentar avanzar en los consensos en pos de definir la letra chica del presupuesto 2019, que deberá contener un ajuste, tras el crédito del FMI, por parte de los mandatarios por unos $100 mil millones. En este marco, luego del recorte al Fondo Sojero y la puja por los subsidios al transporte se suma una eventual quita a la tarifa social energética.
De acuerdo a lo que publicó Ámbito, en las últimas horas Nación y provincias exploraron avanzar en una incómoda poda sobre el beneficio para los usuarios. “Las opciones son o que la paguen las provincias o que se elimine, como en el caso del transporte”, revelaron desde un Ejecutivo al matutino. 
Desde despachos nacionales aseguraron ayer al citado diario que el jueves trabajarán “sobre las contrapropuestas de las provincias”. “El calibre de las negociaciones es bueno, porque si no ni los convocamos ni vienen”, señalaron respecto de una cumbre que tendrá como anfitriones a Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero (por el ministerio del Interior) y Rodrigo Pena (por Hacienda).
Esa mirada contrastó con la de un ministro de Economía consultado por Ámbito. “El jueves vamos a explorar alternativas sobre el menú de opciones que nos presentaron”, aseguró. Estratégico -en términos de costos políticos-, esquivó hablar de “contrapropuesta”.
En esa línea, con la mirada en el recorte de $100 mil millones que deben aportar las provincias (y que se sumará a los $200 mil millones de Nación), enfatizó: “Un tercio ya lo hicieron, con la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) y el congelamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); si se le suma el recorte a los subsidios al transporte, falta poco”. Y advirtió que “lo del jueves es una reunión de trabajo y después decidirán los gobernadores”.

Reuniones
No hay, en rigor, una postura única entre los gobernadores respecto de qué recursos nacionales podar para aportar el “esfuerzo”.  Desde filas del gobierno nacional como de algunos distritos daban por sentado que parte de ese tijeretazo -un 26%- provendrá del fin del Fondo Sojero puesto que recortará remesas en 2019 por $26 mil millones.
Esa poda, según Ámbito, disparó la rebelión de un grupo de gobernadores peronistas duros y de centenares de intendentes de todo el país, los más afectados por el cierre del grifo de remesas destinadas a obras. 
Para consensuar los pasos a seguir, los primeros protagonizaron el viernes una minicumbre en la sede porteña del CFI, que prometen repetir el viernes. ¿Quienes estuvieron? Juan Manzur (Tucumán), Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) junto a vices de diferentes provincias, entre ellas, Catamarca con Jorge Solá Jais.
De acuerdo a lo que publicó el matutino, le confirmaron que en las próximas horas pedirán en la Corte la suspensión del DNU tanto Manzur como Corpacci, la santacruceña Alicia Kirchner y Mariano Arcioni (Chubut). 
La alquimia será evaluada el jueves por fiscales de Estado en el CFI, donde estaría presente el representante por Catamarca, Carlos Bertorello.