El catamarqueño José Luis Barrionuevo, llegando a los 77 años, por nada del mundo quiere abandonar la escena política. Sin posibilidades de alcanzar el sueño de ser gobernador de Catamarca y malogrado como interventor del Consejo Nacional Justicialista –duró en el cargo menos de cinco meses-, vuelve este verano a organizar un cónclave multipartidario en la ciudad de Mar del Plata, donde aparte de su lujosa casa del barrio El Alfar, dispone de los confortables hoteles del gremio gastronómico. Conforme se ha informado, estarán presentes no menos de 10 gremialistas con peso propio, todos ellos de buenas relaciones con la Casa Rosada, y otros tantos políticos de la primera línea. De la cita anual que organiza Barrionuevo, también podría participar algún catamarqueño y seguramente, más allá de los deleites gastronómicos, habrá definiciones políticas. Si salen de la boca de Barrionuevo, por supuesto, será pidiendo que Cristina Fernández de Kirchner, su enemiga pública desde hace 18 años, desaparezca para siempre de la política argentina. Que haya pedido su expulsión del Senado de la Nación no le perdonará nunca.

Quienes no estarán presentes en la convocatoria de nuestro comprovinciano serán Roberto Lavagna y Sergio Massa, los dos hombres fuertes del Frente Renovador. Ambos, ni por casualidad, quieren una foto con el anfitrión. El primero, como se sabe, fue noticia el pasado lunes a raíz de haber sido propuesto por Barrionuevo como precandidato a presidente de la Nación. Inmediatamente, el exministro aclaró no tener relación con el gastronómico y, por poco, no renuncia definitivamente a la posibilidad de reemplazar a Macri. Para peor, las declaraciones de Barrionuevo, crearon una grieta inesperada dentro del Frente Renovador, donde Massa mantiene sus aspiraciones de ser candidato y la irrupción de Lavagna, su economista preferido, lo podría malograr. También el exintendente de Tigre, que tiene a la esposa de Barrionuevo –Graciela Camaño- como punta de lanza política, no quiere saber nada de quedar pegado con el polémico gremialista. Hace cuatro años negó tener una alianza con él y evitó cualquiera expresión pública que pudiera confundir, hasta una simple foto. En estos escarceos influye, claramente, la imagen negativa que tiene Barrionuevo a nivel país.

Volviendo a Catamarca, digamos que en los próximos días surgirá la fecha definitiva de las elecciones provinciales. Para este secretario, no quedan dudas que serán en forma coincidente a las nacionales, en octubre venidero, aun cuando hay margen que Lucía Copacci las anticipe para el domingo 31 de marzo. En ese caso, como máximo, el decreto tendría que estar firmado el 30 del corriente y no el 27 como, equivocadamente, dio cuenta otro medio. La otra gran duda dentro del oficialismo es quién será el candidato a gobernador, dilema que se reduce a dos personas. Una de ellas es la nombrada Lucía, que podría ir por un histórico tercer mandato, o el intendente de la Capital, Raúl Jalil. Por lo que sabemos, esta definición surgiría, si se confirma que se vota en octubre, cerca de la fecha del cierre de lista. Estamos hablando de la segunda quincena de junio.

En relación a la precandidatura que más dudas plantea dentro del peronismo, en algún momento surgió alguna planificación orientada a que Corpacci y Jalil se repartieran el mandato 2019-2023. Esto es, que la actual mandataria repita en la próxima elección y a los dos años renuncie para ser senadora nacional, dejando el sillón mayor por el resto del mandato a Jalil. Esa especulación hay que dejarla de lado porque la prohíbe, expresamente, el artículo 134 de la Constitución provincial que, textualmente, dice lo siguiente: “si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicegobernador, en los tres primeros casos, hasta la finalización del mandato, siempre que faltare menos de un año para concluirlo; caso contrario deberá convocar a elecciones de gobernador para completar el período legal”. En síntesis: una renuncia de Corpacci, a los dos años, obligaría a llamar a elecciones para designar al sucesor. 

Ya hay un duelo que tiene actores definidos. Será en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde en la próxima contienda electoral –sea en marzo u octubre- se enfrentarán por la intendencia el actual jefe comunal, Guillermo Ferreyra, y su antecesor en el cargo: el radical Humberto Valdez. La cuestión está confirmada porque Ferreyra supo expresar sus intenciones de seguir y trabaja para ello, mientras que Valdez acaba de indicar que tratará de volver a ocupar el cargo que bien conoce, como que fue intendente en tres oportunidades (2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015). Según declaraciones públicas del pasado martes, el actual diputado provincial tomó la decisión porque las encuestas que conoce lo han decidido a realizar el último intento por recuperar el poder en la tierra de Fray Mamerto. Desde ya anunciamos que será una partida para alquilar balcones y que puede decidir el futuro político de ambos contendientes, especialmente en el caso de Valdez. Lleva nada menos que 24 años ininterrumpidos en los primeros planos. Aparte de las tres intendencias, fue concejal (1995-1999), senador provincial (1999-2003) y desde el 10 de diciembre de 2015 ejerce como diputado provincial. Una trayectoria que, en los lindes del departamento, solo es superada por la eterna Marita Colombo, la diputada hiper castillista que acumula cucardas desde 1991. 

Sin la contundencia de Valdez para anunciar sus propósitos, hay otro diputado del Frente Cívico-Cambiemos que aspira a continuar desandando las arenas de la política. Nos referimos al abogado Luis Lobo Vergara, quien finaliza su mandato en diciembre, pero se resistiría a volver al llano. En esa dirección, en los últimos días habría mantenido reuniones con dirigentes del PRO, pero lo más curioso es que lo habría hecho en el domicilio de un legislador peronista ligado al gremialismo. Naturalmente se habló de política y de algunos enroques dirigidos a consolidar algunas reelecciones, de las que no sería ajeno el propio gobierno, al que le conviene grandemente que un personaje como Lobo Vergara vuelva a formar parte de la oferta radical. Después de cuatro años a puro escándalo y de muchos más en los que fue vocal del ENRE –un puesto de buena remuneración y trabajo tranquilo-, lo morboso de la candidatura serviría grandemente al discurso oficialista. Ah, de esta reunión también quedó expuesto que no reina la armonía dentro de las filas del macrismo catamarqueño.

Como se esperaba, y lo supimos anunciar el año pasado, ha comenzado el tire y afloje por el tema del transporte público, sector que ha recibido un mazazo del gobierno nacional a raíz de la quita del subsidio que servía para la compra de combustible y hasta para ayudar al pago de los salarios de los trabajadores. Ya en el presente año, el gobierno provincial ha desembolsado dinero millonario para calmar a los empresarios, que amenazan con medidas de recorte que pueden afectar zonas y frecuencias del Gran Catamarca. El panorama, lo repetimos, puede complicarse cuando se reanuden todas las actividades de la administración pública o el período de clases en las escuelas. Descontamos que habrá quejas y el gobierno tendrá que hacerse cargo del regalo que dejó el Pacto Fiscal, mediante el cual la Nación se desligó de responsabilidades que supo asumir por largos años. Aclaramos que, inclusive con el subsidio nacional, las empresas de transporte tenían problemas para funcionar, como que durante 2018 hubo un buen número de despidos.

RECUERDOS. Como lo hacemos todos los jueves, domingo y martes, cerramos los “Apuntes” con el repaso de hechos trascendentes que ocurrieron hace 25 años.
El 23 de noviembre de 1993, como ya lo apuntamos en un espacio anterior de los “recuerdos”, se produjo la llamada “Tragedia de la Alcaidía”, un motín de detenidos –en su mayoría sin condena- que terminó con un saldo de trece muertos y en el cual quedó probado que los reclusos, por la quema de los colchones en una celda cuyas puertas estaban cerradas con llave, fueron víctimas del monóxido de carbono. Es decir que no pudieron escapar y evitar la muerte. El exjuez de aquella causa, Manuel de Jesús Zeballos, que había asumido para tratar el Caso Morales, tomó algunas medidas, pero el 7 de enero de 1994, en plena feria judicial dictó el sobreseimiento de las autoridades del servicio penitenciario y de los guardiacárceles que estuvieron presentes al momento del motín. Para el magistrado, “no existió negligencia” y para llegar a esa conclusión necesitó apenas 45 días. Por cierto, llovieron las críticas sobre alguien que, indudablemente, estaba para cumplir órdenes del gobierno de aquel entonces. De hecho, Zeballos actuó en acontecimientos históricos como la no jura de senadores peronistas en 1991 o la asamblea trucha de la exCaja de Ahorros. En todos los casos, falló para el lado que le convenía al oficialismo. En el de la alcaidía, ni siquiera le importó que existieran nada menos que 13 personas muertas. Por ello no extrañó que días más tarde, el 17 de enero, el fiscal Raúl Da Prá hiciera lugar a un planteo de nulidad que presentaron los defensores de las víctimas.

El Esquiú.com