El expresidente Fernando De la Rúa volvió a ser noticia en estas jornadas por su delicado estado de salud. Según el parte médico difundido en la víspera por el Hospital Austral de Buenos Aires, el veterano dirigente radical, de 81 años, se encuentra internado “grave”, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Las redes sociales se hicieron eco de la noticia, aunque casi no se registraron comentarios agresivos o las manifestaciones de odio que sí alcanzan a otros dirigentes políticos -vivos o ya fallecidos-, a pesar de que se trata de quien se despidió del gobierno en medio de una de las crisis más severas que atravesó la Argentina en toda su historia, con casi cuarenta muertos en las calles porteñas y niveles de pobreza y desocupación inéditos.
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Cultor de un bajísimo perfil, el ex jefe de Estado logró sortear sin mayores inconvenientes los sucesos del diciembre trágico de 2001, tanto en el aspecto legal como en la consideración social. Durante su breve mandato, tuvo que lidiar con la fase terminal del programa neoliberal menemista que produjo la desarticulación definitiva del Estado de Bienestar vigente durante décadas. Era la Argentina de las privatizaciones y de las mafias, del desmantelamiento del aparato productivo y de la ficción del “uno a uno” merced a un brutal endeudamiento. La Argentina que tenía la mitad de la población pobre y una altísima conflictividad social. De la Rúa pretendió continuar un modelo que al final de los ‘90 ya estaba agotado y que, literalmente, le explotó entre las manos. Aunque la imagen del helicóptero sobre Casa Rosada está fresca en la mente de muchos, no tuvo consecuencias ulteriores a su huída del poder. Nada de persecución judicial ni páginas o segmentos en los gandes medios por causas reales o inventadas. Lo que siguió es conocido. Varios de sus exfuncionarios se reciclaron con el macrismo. Baste mencionar a Horacio Rodríguez Larreta, exinterventor del Pami y actual jefe de Gobierno porteño; a Hernán Lombardi y Oscar Aguad; o a “Pato” Bullrich, aquella que descontó el 13% a los jubilados y empleados públicos, y que ahora avala el gatillo fácil en esta etapa de feroz restauración neoliberal en nuestro país.