La posibilidad que la doctora Cecilia Guerrero sea la próxima presidente de la Cámara de Diputados, cuyo adelanto dimos a conocer el último domingo, tiene mucho que ver con su trayectoria personal y dentro del peronismo, donde ocupó las funciones más variadas, como se anota en su curriculum vitae. Es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y en lo partidario, siendo concejal, fue presidente del bloque peronista, funciones que repitió como presidente del bloque de diputados y de la comisión de Legislación General. También, durante cuatro períodos, fue congresal nacional y llegó a ocupar una vocalía en el Consejo Nacional del PJ. En los años 80 estuvo a cargo de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de la Capital. Volviendo a lo partidario, presidió la rama femenina y ejerció la secretaría del Consejo Provincial. En cuando a la tarea legislativa se sabe de su profusa actividad, en la que sobresale la modificación de la ley de fueros, restringiendo las inmunidades parlamentarias frente a una citación judicial, y encabezando reglamentaciones varias, como las del artículo 195 de la Constitución provincial para fijar el límite temporal del ejercicio de los jueces, la publicidad de los actos de gobierno y de las sentencias judiciales.

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Aunque existen otros precandidatos que cuentan con sus respectivos auspicios, el único que, en materia de méritos, se puede aparear a Guerrero es el abogado Augusto Barros, sobre el cual existen especulaciones que podría estar en la cinchada final. El hombre fue delegado municipal en Las Pirquitas, coordinador provincial de Desarrollo Social de Nación, subsecretario de Inclusión y de Familia, director de Justicia, secretario parlamentario de la Cámara baja y vicepresidente de la bancada oficialista. Aparte de integrante del Jury de Enjuiciamiento, por más de 20 años es apoderado del PJ y los frentes electorales que se conformaron. También fue vocal del tribunal de disciplina nacional, congresal provincial y secretario del Congreso. En la actualidad reviste como secretario de Adoctrinamiento y Formación Política del peronismo local. En lo estrictamente legislativo, Barros tiene proyectos de trascendencia como la reforma del reglamento interno, del protocolo por la venta y consumo de estupefacientes en cercanías de las escuelas, la creación de la comisión revisora para modificar los Códigos de Procedimiento Civil y Comercial, Penal, Laboral y Minero de Catamarca, como así también la modificación de las leyes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Se dice, por los pasillos legislativos, que entre los dos voceros excluyentes de la Cámara de Diputados estaría la fórmula de presidente y vice, con Cecilia en el puesto principal.

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No hubo denuncia formal, pero existen claros indicios que un concejal andalgalense habría sido objeto de amenazas por su actuación pública. Hablamos de Sebastián Almada, quien fue criticado por algunos medios de intentar una movida entre concejales para derogar una Ordenanza que, por motivos carentes de toda seriedad, prohibió la actividad minera en la alta cuenca de uno de los ríos que riega las tierras andalgalenses. La idea del funcionario, por coherente que sea, no importa tanto como las denuncias sobre inconstitucionalidad, que son analizadas por la Corte de Justicia y pueden derribar una jugarreta política de tono menor a la que, en 2016, se prestaron todos los concejales, incluidos los que representan al peronismo. Como se sabe, sin estudio alguno en comisión, un buen día, en trámite express, aprobaron el instrumento legal basado en una copia de una Ordenanza similar que se debatió en el sur del país.

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Independiente de las amenazas de muerte que habría recibido Almada, hay que decir las cosas podrían cambiar en el Concejo Deliberante de la “Perla” a partir del 10 de diciembre. Ya no estarán más cuatro puntales de aquella Ordenanza: José Luis “El Mono” Cativa, Ivanna Flores (esposa del intendente y diputado provincial electo, Alejandro Páez) y los peronistas Juan Guerrero y Gustavo Alvarez. A Almada, que mantuvo una conducta irreprochable en los últimos dos años, se le sumarán ahora los electos Angel Santillán y Laura Atencio, a lo que puede agregarse que algunos integrantes del bloque radical (lo integrarán José Luis Olaz, Maricel Maidana, Marcela Ignes y Agustín Brizuela) no estarían para nada conforme con lo actuado hasta aquí y, mucho menos, si existen amenazas impropias de los tiempos que corren. Por allí no pasa nada, pero de lo que estamos seguros que el organismo legislativo tendrá un funcionamiento distinto al que exhibió mientras gobernaba Páez.

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Para nada bien cayeron en el círculo más cercano del gobernador electo, Raúl Jalil, las declaraciones del sindicalista Leonardo Burgos, quien anunció que ya había acordado con el mandatario electo la cesión de diversos espacios para los gremialistas. Burgos mencionó la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección de Inspección Laboral y lugares en los directorios de AGAP, OSEP y Capresca, y se ocupó además de aclarar que “no es un pedido, es algo que ya está acordado”; palabras que fueron recibidas como un intento por presionar públicamente a cinco semanas de la asunción. Un viejo conocedor del mundillo político razonaba que “si realmente tenés un acuerdo hecho no hay ninguna necesidad de salir a anticiparse y hacerlo público, quieren comprometerlo a Raúl y equivocaron feo el camino”.  La CGT es uno de los sectores que, efectivamente, acompañó la postulación de Jalil a la gobernación, pero este arrebatado reclamo de cargos a través de los medios, además de prematuro, se consideró de mal gusto.

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Más que interesante resulta el escenario que se planteará en el Congreso de la Nación el mes que viene, no sólo por la nueva distribución de poder sino por el reordenamiento político, y de los espacios protagónicos. Si bien la renovación parlamentaria siempre es parcial, queda claro que ahora se plantará un mojón en el camino y no es exagerado suponer que nace un nuevo Congreso. El próximo alejamiento de personalidades como Emilio Monzó, Gabriela Michetti, Miguel Pichetto, Federico Pinedo y tantos otros, chocará con el arribo de legisladores nuevos con peso propio, entre ellos nada menos que cinco líderes que al día de hoy son gobernadores de sus provincias: Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Con excepción del rionegrino que va al Senado, y a menos que alguno sea convocado al Ejecutivo por Alberto Fernández, la mayoría se sumará al heterogéneo bloque oficialista de Diputados, donde convivirán con nuevos aliados, opositores hasta ayer nomás, comenzando por Sergio Massa y Fernando Pino Solanas. Si se suma a esta constelación de figuras la anticipada partida de Elisa Carrió, se vislumbran duelos apasionantes por tomar el mando real del cuerpo, y ni hablar del Senado, donde asumirá como Presidenta nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Allí es posible que el destinario de “Yo, Cristina, pelotudo”... Oscar Parrilli, se quede con la presidencia provisoria, con lo cual varios senadores que disfrutaron de varias sesiones vapuleando a las anteriores autoridades caídas en desgracia, verán el inquietante cambio de roles.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, incluimos en el final de los “Apuntes” los acontecimientos del pasado. El 25 de octubre de 1994 fue un día clave para el principal proyecto minero que se discutía hace 25 años, el Bajo la Alumbrera. El comité gerencial de la UTE, que formaban YMAD y las empresas, prestaba conformidad para encarar los estudios orientados a la construcción de un ducto que llevaría el material desde la mina hasta la estación Mitre de Tucumán y, desde allí, a los puertos del Atlántico. De esta manera triunfaban las negociaciones que llevaban adelante el menemismo con la empresaria Amalita Lacroze de Fortabat, propietaria del Mitre. El gobierno de Catamarca de la época, con endebles argumentos, prácticamente no ofrecía resistencia. Lo más que hicieron nuestros representantes en YMAD (Carlos María Correa y Luis Alvarez, director y presidente, respectivamente) fue abstenerse, sin reclamar los pactos previos para explotar la minería. Por ello, las fuerzas vivas de Andalgalá publicaron un documento en el que solicitaban a los poderes Ejecutivo y Legislativo iniciar de inmediato las acciones judiciales y legislativas pertinentes “que hagan a la necesidad de exigir el fiel cumplimiento del proyecto de factibilidad y explotación que sirvió de marco referencial a la firma de adjudicación del 27 de abril de 1994 en el Cine Teatro Catamarca”. Los firmaban Miguel Angel Curi, José Casarrubia (a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante de Andalgalá) y Eloy Nicolás Chayle (concejal)

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Desde la Secretaría de Minería de la  Nación, mientras tanto, el entonces titular del organismo, Daniel Meilán, decía “no nos podemos quedar con el ciento por ciento de la nada”. Obviamente, quería señalar que si el mineral no salía por Tucumán se caía el proyecto. Una clarísima extorsión que supo surtir muy buenos efectos.