El Secretario

viernes, 8 de noviembre de 2019 01:09
viernes, 8 de noviembre de 2019 01:09

Entre las reelecciones de intendentes que abundaron en municipios de toda la provincia el último domingo de octubre, ninguna llamó tanto la atención como la de Enrique Aybar, jefe comunal de Puerta de Corral Quemado (Belén), cuyo caso trascendió a nivel nacional por tratarse de un dirigente envueto en gravísimas denuncias. La situación de Aybar genera inquietud y rechazo en un amplio espectro de la comunidad, porque sus causas no tratan sobre algún paso irregular en el aspecto administrativo o alguna infracción de tránsito menor: se lo acusa de abusar sexualmente de menores. Existen procesos en marcha que refieren a distintos acontecimientos del mismo tenor, con durísimos testimonios de las supuestas víctimas, y por alguna razón las definiciones judiciales se dilatan una y otra vez, en eternas postergaciones que permiten al intendente seguir con su camino en la función pública sin contratiempos. En momentos en que la sociedad se encuentra más atenta y sensible ante delitos sexuales, la participación de Aybar en las elecciones como candidato de Juntos por el Cambio motivó múltiples reacciones, aunque al parecer no las suficientes como para impedir que compitiera y ganara. Ya varios días después del comicio y con el escrutinio confirmado, circularon fotos y mensajes en redes sociales, con leyendas como “Si no hay Justicia, hay escrache”, y hasta se convocó a una marcha de protesta para hoy a las 18 frente a Casa de Gobierno, para repudiar la actuación pública de quien ha visto revalidado su cargo por la voluntad popular. Más aún, las invitaciones parten de grupos de mujeres radicales que ya habían expresado su descontento con la postulación de quien, en definitiva, las representó partidariamente. Deberá llegar un momento en que se revise la habilitación de candidatos procesados por delitos tan graves, pero por encima de finas cuestiones técnicas y conductas de la dirigencia que avala las candidaturas, será imprescindible que la Justicia actúe con más celeridad y seriedad en temas como el abuso de menores, porque es inadmisible que denuncias de ese tenor permanezcan en una nebulosa durante años y años, sin que surjan las respuestas concretas que requieren denunciantes y denunciados.

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