El juez federal Ariel Lijo rechazó ayer los planteos realizados por el abogado de la empresa Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher para anular todo lo actuado en la causa penal en el que se investiga la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos el ministro Oscar Aguad.

Lijo firmo dos resoluciones: en una rechazó un planteo en el que se pidió la nulidad del dictamen del fiscal y en otra desestimó una acción de los defensores que habían alegado inexistencia de delitos.

La defensa del titular de la empresa había argumentado que el fiscal del caso Gerardo Pollicita se había basado en el dictamen de la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín en el expediente concursal, y que según los abogados tiene una “finalidad política”.

Cuestionaron la cifra de $ 70.163.910.895,10 utilizada por la fiscal para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado Nacional en el expediente del concurso preventivo y dijeron que es “absurda y fue el resultado de un procedimiento “inédito”, marcado por errores conceptuales y jurídicos”.

El juez ratificó que pudo haber existido un accionar irregular por parte los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos al igual que planteó Pollicita.

En su momento, el fiscal fue contundente y había señalado que “al materializar la convocatoria, se verificó que en el contexto de un procedimiento concursal no carente de irregularidades existió un accionar por parte de los representantes del Estado Nacional que estuvo dirigido a beneficiar a una empresa privada (CASA) e importaba un claro y abultado perjuicio para los intereses públicos comprometidos”.

La defensa del dueño de Correo, recurrió al informe solicitado al Estudio “Mc Ewan, Roberts, Domínguez y Carassai” donde parcialmente se concluye que, al 28 de junio de 2016, el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. (en adelante, CASA), oscila entre $ 528.800.216,35 y $ 651.321.558,21, según se aplique para la actualización del valor del crédito verificado la tasa de interés pactada (Libor por 3) o aquella fijada por el BNA como tasa pasiva.

El fiscal Pollicita rechazó el planteo en duros términos al ratificar que sí estaban dadas las sospechas por las que finalmente el juez Ariel Lijo citó a los imputados, incluido a Aguad a indagatoria.