En la jornada de ayer empezó a circular el rumor de que uno de los miembros de la Corte de Justicia había renunciado a su cargo, pero a las pocas horas la jueza señalada como quien había dimitido, se encargó de desmentir y tirar bajo  tierra esas versiones, pese a que recientemente fue cuestionada.

De acuerdo a lo que se  pudo conocer, a media mañana de ayer, desde los pasillos de la Corte de Justicia se  rumoreaba  que la jueza Amelia Sesto de Leiva había renunciado como miembro de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca. 
Sin embargo, con el correr de las horas, fue la propia  jueza quien en diálogo con la prensa desmintió tal renuncia y  aclaró qué  trámites había iniciado. 

Así, Sesto de Leiva indicó frente al edificio judicial que “estoy haciendo los trámites jubilatorios, nada más. No hay ninguna renuncia”, enfatizando, una vez más, que “no renuncié, estoy haciendo trámites jubilatorios, nada más”. 
Tras estas declaraciones, Sesto de Leiva se retiró de la sede del Poder Judicial. 

Recordemos que recientemente en la cámara de Diputados, se realizó el juicio político contra los magistrados José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva iniciado por el abogado Eduardo Andrada.

Tras un extenso debate que duró más de seis horas, incluyendo chicanas por parte del oficialismo y la oposición, al momento de votar no pudieron contar con los votos suficientes para avanzar con el juicio político y el resultado fue el archivo.
En lo que respecta al punto de debate en la legislatura, el juicio político inició en agosto del 2018 y el cuestionamiento a los cortesanos partió bajo el concepto de que ambos quebrantan el artículo 168 de la Constitución provincial, disposición que impide a los jubilados ejercer cargos en la administración provincial salvo actividades artísticas o técnicas. A ellos se suma el quebranto al artículo 195 de la Carta Magna local, el cual indica que los miembros del máximo tribunal son inamovibles hasta cumplir los 65 años de edad.

Aportes jubilatorios

Otro punto a mencionar y que tiene relación directa con la jubilación de jueces y magistrados, es el acuerdo firmado entre la provincia de Catamarca, representada en esa oportunidad por la exgobernadora Lucía Corpacci y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la regularización de aportes jubilatorios en el marco del régimen especial para jueces y magistrados.

Este convenio estipula que el Poder Ejecutivo debe instrumentar las declaraciones juradas mensuales de aportes y contribuciones, conforme al acuerdo con ANSES y convenir con AFIP, la prórroga de los plazos establecidos para que los funcionarios y magistrados del Poder Judicial puedan cumplir con el pago de las diferencias devengadas de aportes personales que correspondan desde julio de 1994 o su fecha de ingreso hasta marzo de 2018.

En uno de los artículos, se mencionaba que toda persona que reúna los requisitos para obtener el beneficio jubilatorio, enmarcado dentro de la Ley 24018 tiene 60 días para iniciar el trámite y uno de los requisitos es haber saldado la deuda, más los años de aporte exigidos y además de contar con la edad requerida para acogerse a la jubilación.