“Las inmunidades parlamentarias (conocidas como fueros) no pueden ser el paraguas protector de aquellos que cometen delitos, ni para evitar que todo el peso de la justicia recaiga sobre quienes violentan la ley penal”. Así sintetiza la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), el objetivo que persigue un proyecto que presentó. En el fondo, la iniciativa en cuestión apunta a que legisladores o funcionarios y magistrados del poder judicial eviten apelar a los fueros para congelar una investigación penal. A la vez, propone plazos en la Cámaras legislativas en el caso de que exista un pedido de desafuero. 
En el proyecto, la diputada oficialista distingue que los fueros están divididos en inmunidades de opinión por una parte y de arresto por la otra. En este orden de ideas, señala que “la practica parlamentaria, lamentablemente ha desnaturalizado el verdadero sentido de las inmunidades parlamentarias, hasta transformarlas en un arbitrario valladar para impedir la acción de la justicia penal”. En este orden de ideas, Guerrero reseña que el Código de Procedimientos Penales local contiene normas jurídico-procesales “que directamente impiden la acción de la justicia contra la persona de un legislador, magistrado o funcionario sometido a juicio político”. Incluso señala que “extiende arbitrariamente tales inmunidades a supuestos no contemplados constitucionalmente, como el caso de funcionarios o magistrados judiciales sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, obligando al Juez de Control de Garantías a efectuar una investigación sumaria previa, que no vulnere la inmunidad del imputado, y que solo cuando encontrare mérito suficiente para el juzgamiento, recién podrá solicitar el desafuero o allanamiento de la inmunidad”.
De esta forma, observa que el Código Procesal Penal “no permite siquiera el llamado a indagatoria, con lo cual somete a los procesos judiciales en los que se encuentre imputado un legislador, un magistrado o un funcionario, a la imposibilidad de ser llevados adelante, sin practicar ningún acto, si no media antes el desafuero del legislador, la destitución del magistrado o la remoción de aquel sometido a jurado de enjuiciamiento”. 

Así las cosas, Guerrero propone que tanto las inmunidades de opinión como las de arresto “en ningún caso podrán ser entendidas, invocadas, opuestas ni utilizadas para permitir que un legislador provincial, magistrado o funcionario público eluda la acción de la justicia en causa criminal por delitos comunes”. Es decir, que los fueros no serán utilizados para “impedir, entorpecer, paralizar, suspender o dilatar el inicio o tramitación de la investigación penal preparatoria, la elevación de la causa a juicio, ni la tramitación y culminación del juicio”.

También contempla que “el llamado a indagatoria ni su celebración, no se consideran medidas restrictivas de la libertad”. Además, propone que ante un pedido de desafuero, la Comisión que lo trate “deberá emitir despacho en un plazo no mayor de treinta días” y tratar el mismo, dentro de los 60 días “exista o no despacho de Comisión”.