El oficialismo busca avanzar, pese a los obstáculos opositores bajo la excusa del pedido de juicio político a la Corte Suprema, con la moratoria previsional necesaria en la Argentina para que casi un millón de personas sin aportes suficientes puedan pagarlos y jubilarse el año próximo.

Entre quienes necesitan que se apruebe la nueva norma se incluyen al menos 4.000 catamarqueños, se informó oficialmente.
En ese sentido, la comisión de Previsión Social, que preside la diputada nacional oficialista Marisa Uceda, convocó para el próximo miércoles a una reunión informativa para analizar el “Plan de pago de deuda previsional”, con la presencia de invitados y especialistas en el tema. La iniciativa establece un plan de pago de deuda previsional, que permitiría a unas 800.000 personas, que no cuentan con aportes suficientes, poder acceder a la jubilación.

El tema figuraba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, jornada que se frustró por falta de quórum debido al bloqueo de Juntos por el Cambio. Ahora, el texto legal será tratado en comisión el próximo miércoles 1 de febrero a las 11 de la mañana, en una reunión informativa con la presencia de invitados.

El bloqueo opositor podría volver a aparecer en escena en la medida que JXC, tras el parate de las sesiones ordinarias del año pasado, se opuso a trabajar en el Congreso durante las extraordinarias que ya comenzaron porque rechaza que el oficialismo busque investigar si los jueces de la Corte cometieron faltas que ameriten su juicio político. 

En cuanto a la reunión del miércoles, por tratarse de una reunión informativa no es necesario reunir quórum, con lo cual la intención del oficialismo es escuchar a diferentes especialistas en el tema antes de que se trate en el recinto.
El proyecto de moratoria previsional cuenta con sanción del Senado y figura en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 28 de febrero.

El proyecto, cuya autoría es de la senadora del FDT por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Según datos de Anses, cerca de 800 mil argentinas y argentinos de todo el país no podrán acceder a su jubilación en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional.

De acuerdo a un informe que realizó la Anses, las 800 mil personas que se verían perjudicadas se distribuirían en las siguientes provincias: 268 mil en Buenos Aires; 91 mil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 54 mil en Córdoba; 48 mil en Santa Fe; 29 mil en Mendoza; 23 mil en Tucumán; 22 mil en Misiones; 22 mil en Chaco; 21 mil en Salta y 21 mil en Corrientes.
Además, la falta de la ley afectará a 17 mil personas en Entre Ríos; 17 mil en Formosa; 15 mil en Santiago del Estero; 10 mil en Jujuy; 10 mil en San Juan; 10 mil en Chubut; 10 mil en Neuquén; 10 mil en Río Negro; 9 mil en Santa Cruz; 8 mil en San Luis; 4 mil en La Pampa; 4 mil en La Rioja; 4 mil en Catamarca y 2 mil en Tierra del Fuego.

La iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.