En una era donde las imágenes que se publican en medios digitales, diarios de papel y redes sociales parecieran multiplicarse y circular sin ningún tipo de control, los fotógrafos argentinos decidieron comenzar a organizarse para, por primera vez en su historia local, poder cobrar y exigir que se cumplan sus derechos de autor. 

A diferencia de la obra de un músico, un escritor, un pintor o un dramaturgo, que no puede ser utilizada sin autorización hasta 70 años después de la muerte de su autor, en Argentina las fotografías pasan a dominio público luego de 20 años de haber sido publicadas.

En su artículo 34, la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual -vigente desde 1933- diferenció a la fotografía del resto de las disciplinas artísticas. Según la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) el caso local se diferencia del de otros países, como por ejemplo Chile y Uruguay, donde la fotografía tiene 50 años de protección post mortem; de España, Brasil y Venezuela, donde son 70 post mortem; Estados Unidos (90) o de México (100).

La intención de los fotógrafos es revertir esta situación amediano plazo, para lo cual necesita que se modifiquen las leyes vigentes en el país.