La pandemia ya había desnudado, de forma evidente, todas y cada una de las falencias del Poder Judicial, comenzando con el deplorable estado edilicio de Tribunales y sus anexos.

Tratándose de lugares de trabajo, es la mejor prueba de la precariedad e incomodidad para la actividad de magistrados, empleados y abogados. Todo incompatible con las medidas de salubridad. Ni hablar de la vetusta tecnología, deficitaria para atender causas “online”.

La corrupción
Le faltaba a la Justicia de Catamarca, armada por la Intervención Federal de 1991 y su continuador y beneficiario, el Frente Cívico, mostrar el lado más oscuro: la corrupción. Un acto de tal carácter habría sido protagonizado por los magistrados Raúl Héctor Da Pra y Juan Pablo Morales, integrantes de la Cámara de Apelaciones  en lo Penal. Tipificaría la conducta prevista y sancionada por el artículo 257 del Código Penal Argentino: cohecho pasivo agravado.

Lo denunciado se encadena con otras situaciones del Poder Judicial que, en diversos momentos, causaron conmoción en la comunidad toda. Aunque antiguo, cabe señalar la irrupción del ex Juez de Instrucción, Manuel Zeballos, en la Asamblea Legislativa reunida para elegir los senadores nacionales de la provincia (1993), a la que de facto disolvió, en clara intromisión en otro Poder del Estado.

Más nuevo en el tiempo. El proceso sedicioso de un grupo de efectivos de la Policía y civiles armados que, irrumpiendo en la Casa de Gobierno, privó de la libertad a la Gobernadora de la provincia y sus funcionarios. Una vez más aquella circunstancia mostró la pasividad del Poder Judicial en defensa del orden constitucional y de las autoridades legítimamente constituidas.
La utilización de la “actividad jurisdiccional” por parte de magistrados para zanjar sus “diferendos personales”, cuando no en beneficio propio, es otra de las características de esta Justicia que se desmorona irremediablemente.

Álvarez contra Acuña
Se cuenta, asimismo, la denuncia del camarista Edgardo Rubén Álvarez contra el titular del Juzgado de Instrucción N° 4, Ramón Porfirio Acuña, por “desconocimiento inexcusable del derecho”. Culminó con la destitución, luego repuesto en su cargo a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el pago de una indemnización millonaria del Estado provincial.
Lo actuado por la Corte de Justicia, integrada por los magistrados José Ricardo Cáceres, Amelia Sesto de Leiva y María Cristina Casas Nóblega, en autos Corte Nº31/06 “Lilljedahl, Enrique Ernesto c/ Estado Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad del artículo 195 de la Constitución de Catamarca, resulta un síntoma de su anómalo funcionamiento.

Otros casos
Fijado el criterio jurisprudencial de que los magistrados podían permanecer en el cargo por encima de los 65 años como lo señala la Constitución se sustanciaron los autos “Corte Nº074/2011 “Cáceres, José Ricardo c/Provincia de Catamarca s/ Acción de Inconstitucionalidad”; Corte Nº 103/13 “Herrera, Manuel de Jesús y BASTOS, Julio Eduardo c/ Provincia de Catamarca s/Acción de Inconstitucionalidad”; Corte Nº 114/2015 “Velárdez de Chayep, Nora Silvia c/ Provincia de Catamarca s/Acción de Inconstitucionalidad con igual objeto.

La Corte de Justicia, con distintas integraciones, dictó sentencias favorables a los actores en una evidente muestra de reciprocidades “corporativas” y “autodefensas” de intereses futuros, por cuanto ninguno de sus miembros se abstuvo de fallar a pesar de haber obtenido sentencias favorables en causas propias.

Esta Corte de Justicia está integrada por dos miembros denunciados por el suscripto por ante la Cámara de Diputados a efectos de promover el correspondiente Juicio Político, fundado en la “incapacidad moral, incumplimiento de deberes inherentes a su cargo, y la comisión de delito en el desempeño de sus funciones”, causales que inhabilitan a los magistrados José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva para ejercer la magistratura que detentan.

Alarmante mora
Si lo señalado constituye una muestra de gravedad, no lo es menos la alarmante mora que impera en todos los fueros e instancias para resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción y competencia.

Basta con recordar que la Justicia de Catamarca tiene en un “estante” los casos conocidos como “Alcaidía I” y “Alcaidía II”, en los cuales la vida y derechos humanos de reclusos han sido avasallados. También los irresueltos homicidios ocurridos en nuestra provincia entre los años 1991/2020 que ascienden a más de 20, muchos de los cuales se inscriben en delitos de “género”. La lista continúa. Lento juzgamiento de un importante funcionario público o de eclesiásticos por “delitos sexuales”.
Asimismo, deben contabilizarse las causas políticas dormidas u otras que superan los 10 años en relación al momento de los hechos.

Agréguese la no resuelta Tragedia de El Rodeo y las causas penales que involucran a exministros del Frente Cívico por daños a la hacienda pública, cuyo eslabón final es el exgobernador Oscar Castillo.

Único remedio
El Poder Judicial de Catamarca requiere ser restaurado con celeridad, siendo la Intervención Federal el único remedio idóneo para lograr su adecuado funcionamiento, en resguardo de las garantías constitucionales.

La más calificada doctrina señala: “Los Poderes Políticos - el Congreso y el Presidente de la Nación en su caso - son los únicos habilitados para verificar en los hechos si se dan las condiciones extremas que justifican la intervención federal; tal atribución es discrecional porque no está normada (ni puede estarlo); son los poderes políticos los que declaran que los hechos han sucedido y su contraprueba no le compete a los jueces” (H. Quiroga Lavie, “Derecho Constitucional”).

La entidad de la medida propuesta, hace que la misma debiera ser instada por los legisladores nacionales de Catamarca ante el Parlamento Nacional del que forman parte, en cumplimiento de sus altas funciones, entre las que se cuenta intervenir en una crisis institucional como la que nos ocupa.