El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, expresó su descontento por el incumplimiento del Gobierno, que a través del Ministerio de Hacienda le prometió más fondos para el cuerpo a cambio de acompañar la Ley de Bosques y el Desendeudamiento. Obediente primero y despechado después, el hombre desnudó la fallida negociación con total naturalidad.
Como era de esperar, la revelación llevó a más de uno a tomarse de los pelos y poner el grito en el cielo, incluyendo voces del oficialismo y la oposición, por el significado de tamaña confesión.
Se sabe: teóricamente, los legisladores aprueban o rechazan las iniciativas legislativas según sus convicciones, su ideología partidaria y el profundo análisis de la conveniencia o no de la aplicación de la norma para la comunidad.
Decir que en lugar de eso se negocian los votos es bastante fuerte, sobre todo porque los proyectos en cuestión no pasan por bautizar un arroyo o adherir al júbilo por el aniversario de una escuelita, sino por cuestiones algo más gravitantes para los catamarqueños.
Ahora bien, Barrionuevo dijo lo que dijo y la clase política coincide en manifestar su horror, pero, ¿de qué se horroriza? El margen de sorpresa puede admitirse en algún joven ciudadano, pero no en quienes transitan el camino de la función pública.
En la misma Legislatura, pero en el Senado, el entonces legislador Carlos Gómez protestó en plena sesión porque había aprobado los pliegos para nombrar al Presidente de la Corte de Justicia a cambio de nombramientos en el Estado y no se había cumplido. También aquella vez se reaccionó como si se hubiera escuchado la voz del mismísimo demonio, y se prometieron investigaciones a fondo, que curiosamente no prosperaron.
Conviven en torno a estos temas tres claves. La primera, la menos novedosa, es que en ciertos niveles todo se negocia, incluyendo aquello que no debería negociarse, porque es precisamente la prenda de cambio más interesante.
La segunda clave es que en estos trueques hay dos culpables: el que traiciona su rol, su mandato y su pensamiento para obtener un beneficio cualquiera; y el que utiliza su poder de administración y decisión para presionar y obtener lo que no puede conseguir por medios legítimos.
La tercera clave es también la última: los políticos reaccionan públicamente y se indignan cuando estos actos se ventilan. Pero no porque les moleste lo que se hace, sino porque no toleran que alguien lo diga.