Los casos de docentes que abusan sexualmente de sus alumnos son cada vez más frecuentes, y causan un daño irreparable tanto en las víctimas como en la imagen de una de las profesiones más nobles que existen.
Está probado que las personas con inclinaciones pedófilas y otras perversiones similares, siempre encuentran el modo de mezclarse en instituciones educativas, y grupos donde es habitual y cotidiana la convivencia con menores.
En este punto, es necesario implementar algún mecanismo de prevención, que permita ejercer un mayor control sobre las condiciones de quienes van a asumir la responsabilidad de guiar a estudiantes de distintos niveles, ya que hoy lo único que se exige es un certificado de buena conducta, cuya obtención es un simple trámite.
Así como otras instituciones oficiales, por ejemplo la Policía, imponen un examen psicológico como requisito de ingreso, sería importante que también en las escuelas se evalúe con mayor profundidad quiénes ingresan.
Porque así como el manejo de un arma de fuego es una responsabilidad que no puede estar al alcance de cualquiera, enseñar a niños también exige condiciones especiales.
Por la cantidad de docentes que hay en la provincia, puede suponerse que una medida de este tipo es inaplicable. Sin embargo, puede iniciarse con quienes se vayan incorporando al sistema. Lejos de molestarse, los docentes incapaces de agredir a un niño, que son la absoluta mayoría, apoyarán los exámenes como modo resguardar a los pequeños y a su propio ámbito de trabajo.
Si no se comienza a prevenir, la nómina de niños abusados por docentes seguirá creciendo. Una realidad que es inaceptable desde todo punto de vista.